Este miércoles, el oficialismo y los bloques aliados «dialoguistas» firmaron el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Ficha Limpia, el cual quedó listo para ser votado en una próxima sesión de la Cámara de Diputados. La iniciativa, que busca establecer un estándar ético mínimo para la inhabilitación de aquellos funcionarios públicos condenados por delitos de corrupción, logró reunir 30 firmas a favor, sumando también los votos en disidencia de la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal.
En contraste, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que mantiene la actual lógica del marco jurídico, que exige una sentencia confirmada por la Corte Suprema para la inhabilitación de ejercer cargos públicos. Además, Encuentro Federal y Democracia para Siempre presentaron dictámenes separados de minoría, mientras que el Frente de Izquierda firmó un dictamen de rechazo total al proyecto.
El proyecto de Ficha Limpia, impulsado por el oficialismo y sus aliados, ampliaría su alcance a todos los funcionarios de la Administración Pública Nacional, estableciendo que aquellos condenados por delitos dolosos de corrupción con una sentencia judicial confirmada en segunda instancia no podrán asumir cargos públicos. La propuesta busca garantizar la transparencia y prevenir futuros casos de corrupción, asegurando que los cargos públicos no sean ocupados por personas con antecedentes de enriquecimiento ilícito.
La iniciativa, que se había quedado trunca en diciembre pasado debido a la falta de consenso y quórum en el Congreso, ha sido reavivada tras el compromiso del presidente Javier Milei de trabajar en ella durante el verano. Fue encomendado a una comisión encabezada por Alejandro Fargosi y la diputada del PRO, Silvia Lospennato, quien había sido la cara visible del proyecto fallido.
En su intervención, Lospennato destacó que la nueva versión del proyecto incorpora varias mejoras respecto al que no avanzó en diciembre. “No es un proyecto de un partido político, sino de un amplio espectro republicano”, afirmó, subrayando que la nueva versión incluye como sujetos alcanzados a todos los funcionarios públicos nacionales y una cláusula “anti proscriptiva” que evitaría que se aplique a aquellos fallos de segunda instancia dictados en un año electoral, protegiendo así a los involucrados de posibles presiones indebidas.
La diputada también recordó que el proyecto fue mejorado a lo largo de los años, citando como uno de sus puntos destacados el impulso del movimiento ciudadano Ficha Limpia encabezado por Gastón Marra. “Es una medida preventiva y temporaria”, señaló Lospennato, explicando que si la sentencia es revocada, el derecho a ser candidato o asumir un cargo público se recupera.
Sin embargo, el proyecto ha generado fuertes críticas, especialmente desde el oficialismo y la oposición kirchnerista. La diputada de Unión por la Patria, Mónica Litza, cuestionó a Lospennato, señalando la contradicción en su discurso sobre ética, recordando que el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, enfrenta denuncias por evasión. Por su parte, el kirchnerista Rodolfo Tailhade acusó al Gobierno de buscar presionar para aprobar el proyecto con la intención de proscribir a la vicepresidenta Cristina Kirchner, interpretando que la Ficha Limpia tiene fines electorales y no un verdadero propósito ético.
En tanto, Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, rechazó estas acusaciones y defendió el proyecto como una medida coherente con los principios republicanos, negando que se trate de un acto de especulación electoral.
