El Presidente los designó ante la falta de acuerdo político en el Senado. En el Gobierno quieren que asuman cuanto antes. Cómo sigue el proceso y la crítica reacción de la oposición.
Tras casi un año sin acuerdo político para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema, Javier Milei firmó el decreto para nombrar en comisión al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla. Con la publicación en el Boletín Oficial de los nombramientos, comenzaron a correr horas cruciales debido a que el Gobierno pretende que asuman cuanto antes sus cargos, pese al rechazo de la oposición y un proceso que requiere la intervención de la Justicia.
Como había anticipado Infobae, el primer mandatario resolvió en esta semana -cuando el Congreso está “cerrado”, debido a que no hay sesiones extraordinarias y las ordinarias recién se inauguran el sábado- firmar el decreto, que llevó el número 137/2025. Fue el desenlace de un proceso complejo que empezó en marzo del año pasado, con la comunicación de las nominaciones, y se trabó la semana pasada por diferencias con el kirchnerismo en el Senado.
En el comunicado que oficializó los nombramientos se destacó que “la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura”.
También resaltó que «es fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. El Senado debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos».
Como publicó el lunes este medio, la Casa Rosada lejos de replegarse por el impacto del caso de la criptomoneda $LIBRA, decidió redoblar la presión y, ante el rechazo del kirchnerismo a la aprobación del pliego de Lijo en el Senado, nombró a ambos por decreto, retomando el axioma que planteó apenas se presentaron las postulaciones: “Los dos o ninguno”.
Infobae había anticipado que en el entorno presidencial crecía el convencimiento de que era hora de avanzar más rápido con el nombramiento de los jueces de la Corte: “Este gobierno es un auto que viene sin la R de Reversa. Mientras cualquiera recomendaría esperar, doblar o hacer otra cosa, creo que van a acelerar”.
Licencia y oposición
Pero más allá de las aspiraciones que tiene el Gobierno para que se acelere la asunción, todavía quedan aspectos que quedan fuera de su dominio y deben pasar por el tamiz de otros actores que juegan con reglas y lógicas diferentes.
Al ser juez federal y estar a cargo de dos juzgados de Comodoro Py, Lijo tenía previsto presentar un pedido de licencia extraordinaria que requerirá de la intervención de la Cámara Federal y, luego, de la propia Corte, que preside Horacio Rosatti, y que integran Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El objetivo del Gobierno
Así como en marzo del año pasado estuvieron los integrantes de la Corte anterior en la Asamblea Legislativa, en la Casa Rosada esperaban que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti vuelvan al recinto, pero ahora acompañados por Lijo y García-Mansilla.
Es una pretensión ambiciosa, debido a que quedan menos de 72 horas. “Es una posibilidad, pero no depende del Gobierno. Está la idea de que sean invitados Lijo y García-Mansilla a la apertura de sesiones del sábado. Si pudieron jurar, sería la foto de la nueva Corte”, expresaron en diálogo con Infobae fuentes oficiales.
