El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que aumente a 12 años de prisión la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad, por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
El pedido se alinea con la postura del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, quien había reclamado que se revoque la absolución por asociación ilícita y se aplique la pena máxima originalmente solicitada por la fiscalía en el juicio oral. Actualmente, la exmandataria fue condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, pero no fue encontrada culpable del delito de asociación ilícita.
El argumento de la Procuración
En su dictamen, Casal cuestionó esa absolución y sostuvo que la estructura delictiva analizada encajaba en la figura de una asociación ilícita. Según el procurador, la organización investigada no se limitaba a un plan puntual, sino que tenía como fin general el desvío de fondos públicos a través de diversas maniobras:
“No hubo un listado detallado de cuánto dinero se buscaba sustraer ni cómo se realizarían las licitaciones fraudulentas, justificarían sobreprecios o concretarían los pagos. Lo que existió fue una estructura creada para sostener un esquema de corrupción a largo plazo”, sostuvo el dictamen.
Además, Casal pidió que también se revoquen las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, exfuncionarios que —según la acusación— tuvieron roles claves en el presunto direccionamiento de contratos a favor de Austral Construcciones, la empresa del empresario Lázaro Báez.
En particular, se señaló que De Vido no solo conocía el funcionamiento del esquema, sino que fue “uno de sus principales organizadores”. En cuanto a Garro, el documento sostiene que fue designado como titular de la Dirección de Vialidad Provincial justamente por su conocimiento del plan fraudulento.
Contexto judicial y próximos pasos
La presentación de Casal no tiene carácter vinculante, por lo que la decisión final ahora queda en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazos definidos para expedirse. La Corte ya había solicitado al procurador su opinión respecto a la apelación de Cristina Kirchner, quien pidió ser absuelta tras el fallo de la Cámara de Casación que confirmó parcialmente su condena y rechazó su recurso extraordinario.
En su rechazo, los jueces de Casación argumentaron que la defensa no logró rebatir adecuadamente los fundamentos del fallo original ni demostrar una afectación concreta a normas federales, requisito clave para que el máximo tribunal tome el caso.
Por ahora, Cristina Kirchner no tiene condena firme y continúa en libertad. Su defensa, encabezada por Carlos Beraldi, insiste en que no hubo delito en la asignación de obras públicas en Santa Cruz y pide que la Corte revierta el fallo.
