La causa por presunto lavado de activos que involucra al ex gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, avanza con nuevos requerimientos judiciales. La Fiscalía Federal de Sáenz Peña solicitó informes a organismos nacionales clave como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de la etapa probatoria de una investigación más amplia por fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, malversación de fondos y lavado de dinero agravado.
Según documentación a la que accedió NG Federal, el pedido no solo alcanza a Capitanich, sino también a sus hijas, Jorgelina Ema y María Guillermina Capitanich, y a Sheina Marlene Waicman —ex presidenta del Instituto de Colonización del Chaco— junto a su pareja, Darío Ariel Zaks.
Entre las medidas solicitadas, se pidió a la UIF que informe si existen reportes de operaciones sospechosas vinculadas a los investigados. Al BCRA, se le requirió el detalle de los productos financieros registrados por todos los mencionados entre 2020 y 2024, incluyendo aperturas, cierres y movimientos mensuales de fondos.
Asimismo, se libró un oficio al Registro Público de Comercio para determinar si los investigados tienen participación en sociedades comerciales. En caso afirmativo, se deberán remitir copias certificadas de los contratos sociales y sus modificaciones.
Las declaraciones indagatorias de los imputados, claves para definir el rumbo del expediente, aún están pendientes. Las audiencias previstas inicialmente para abril fueron pospuestas debido a recursos presentados por las defensas, entre ellas la del ex ministro Santiago Pérez Pons.
La causa continúa generando fuerte atención pública y mediática, debido al perfil de los involucrados y la complejidad del entramado que se investiga.
