La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó nuevamente la acusación por falsificación de documentos que el Senasa había impulsado contra la empresa avícola Santa Ana. La firma había sido forzada a destruir producción pese a que no hubo pruebas de contagio.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó un nuevo fallo a favor de la empresa Avícola Santa Ana, desestimando por segunda vez la denuncia penal presentada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). El organismo había acusado a la firma de falsificar documentos vinculados a un presunto caso de influenza aviar detectado en 2023, aunque no existían registros de que se hubiera realizado la muestra en cuestión.
En aquel episodio, el Senasa ordenó el exterminio inmediato de más de 200.000 aves ponedoras y el descarte de más de 300.000 huevos, bajo el argumento de que los análisis habrían dado positivo. Sin embargo, la empresa logró demostrar ante la Justicia que nunca se llevó a cabo el hisopado en la granja, ubicada en Santa Ana de los Guácaras, y que las cámaras de seguridad registraron el momento en que los funcionarios abandonaron el lugar sin tomar muestras.
Durante dos semanas, la planta estuvo paralizada y unas 150 familias vieron peligrar sus fuentes de ingreso. Los trabajadores realizaron un acampe en defensa de la empresa, respaldados por sectores de la comunidad, la Iglesia y dirigentes políticos locales. Recién tras la intervención judicial se autorizó un nuevo muestreo, que resultó negativo para influenza aviar. La firma no presentó ni un solo caso sintomático entre sus aves, un dato que contrastaba con la agresiva medida impuesta por el Senasa.
Con esta nueva resolución, se refuerza la postura de la empresa que, desde un principio, negó cualquier irregularidad sanitaria y denunció una actuación negligente por parte del organismo. Avícola Santa Ana, que opera con más de 260.000 aves y abastece a todo el NEA, se prepara ahora para iniciar acciones legales por los perjuicios económicos sufridos y apunta tanto contra el organismo como contra los funcionarios que intervinieron en el operativo fallido.
El caso marcó un punto de inflexión en los protocolos sanitarios nacionales. Desde entonces, se exigen más pruebas antes de ordenar sacrificios masivos y se sumaron laboratorios externos a los controles. Para los productores del sector, lo ocurrido en Santa Ana dejó en evidencia la necesidad de revisar a fondo los procedimientos del Senasa y proteger a las pequeñas y medianas empresas de decisiones arbitrarias.
