La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este miércoles, por unanimidad, la recusación presentada por la defensa de la exvicepresidenta Cristina Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa Vialidad.
Con el voto de sus tres integrantes —Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti—, el máximo tribunal consideró que el recurso fue presentado fuera de los plazos procesales establecidos y carece de fundamentos jurídicos suficientes.
La recusación, presentada el 5 de mayo, alegaba una supuesta falta de imparcialidad del magistrado, basada en notas periodísticas, discrepancias en fallos del tribunal, declaraciones televisivas de Lorenzetti y una denuncia formulada en el Senado por la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Los abogados de Cristina Kirchner sostuvieron que el comportamiento del juez vulneraba principios de imparcialidad judicial consagrados en los Principios de Bangalore y en precedentes como el caso «Llerena». Sin embargo, la Corte destacó que la mayoría de los hechos invocados ya eran conocidos antes de la presentación del recurso extraordinario del 13 de febrero, por lo que debieron ser planteados en esa oportunidad.
Respecto a las declaraciones del juez Lorenzetti sobre la necesidad de que la Corte resolviera con rapidez antes de las elecciones, el tribunal consideró que no constituían una causal objetiva ni verificable para la recusación.
“El planteo no fue realizado en tiempo oportuno ni cumple con la fundamentación exigida por la ley”, enfatizó la Corte, que además señaló que la defensa no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones ni invocó causal específica contemplada en el Código Procesal Penal.
Finalmente, el fallo resalta que las recusaciones contra miembros de la Corte deben interpretarse de manera restrictiva, para proteger la garantía del juez natural y el normal funcionamiento del máximo tribunal.
Cabe recordar que la Corte comenzó a avanzar en la causa Vialidad en abril pasado, cuando solicitó al Procurador Eduardo Casal su opinión sobre un eventual agravamiento de la pena para Cristina Kirchner, conforme al pedido del fiscal Mario Villar.
