El ataque ocurrió durante un mitin político en Bogotá. El joven fue herido y detenido tras una breve persecución.
Colombia sigue consternada por el intento de asesinato contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio en un parque del occidente de Bogotá. Un joven de 14 años se acercó entre la multitud y disparó varias veces al dirigente político, hiriéndolo en la cabeza. Mientras intentaba escapar, fue alcanzado por disparos de la policía que le dieron en una pierna. En el suelo, según un video del momento, exclamó: «Perdón, lo hice por plata, por mi familia».
La Fiscalía confirmó que el agresor será imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que el adolescente es apenas «un ejecutor material», y se investiga quiénes lo contrataron. El menor, que vivía con una tía en Villas de Alcalá, ya había sido incluido en programas del Idipron y luego en «Jóvenes en paz», una iniciativa estatal que busca prevenir la violencia. Según Gustavo Petro, el adolescente tenía «una personalidad completamente conflictiva» y se retiró del programa sin haber asistido a clases.
«Este tipo de violencia no se veía hace décadas»: atentaron contra el precandidato Miguel Uribe Turbay
Tras el ataque, las autoridades allanaron su vivienda y comenzaron a rastrear posibles vínculos con redes de microtráfico que operan en su barrio. En las imágenes de su detención también se lo oye decir: «Fue el man de la olla, yo digo quién fue, déjenme darle los números», en alusión a un presunto reclutador ligado al narcotráfico local. El caso puso en discusión la edad de imputabilidad en Colombia y generó tensión entre quienes exigen mano dura y quienes insisten en que el joven es víctima de un contexto social desfavorable.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) expresó su rechazo a la instrumentalización de menores y confirmó que el chico colaborará con la justicia. «Ya hay unos acuerdos con Fiscalía para garantizar condiciones de seguridad», explicó su directora, Astrid Cáceres. Si bien la sanción máxima en estos casos es de ocho años, el adolescente sería enviado a un Centro de Atención Especializada y no a una prisión común. La imputación formal está prevista para este martes, luego de que la audiencia del lunes fuera aplazada por razones médicas.
