Los diputados nacionales Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva presentaron un proyecto de ley que busca derogar el Decreto 461/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se dispuso la disolución, fusión y reorganización de múltiples organismos vinculados al transporte y la seguridad vial.
La iniciativa propone restituir la plena operatividad de entes como la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), entre otros. Según los legisladores, estos organismos son “fundamentales para la planificación, fiscalización y ejecución de políticas públicas que salvan vidas”.
“Estas estructuras no sólo son necesarias: son imprescindibles para un país extenso, desigual y federal como el nuestro. Sin ellas, se pierde capacidad de respuesta, planificación y control”, sostuvo Pedrini en los fundamentos del proyecto.
El documento también advierte que la disolución de estos organismos pone en riesgo programas vigentes, afecta la seguridad jurídica, desalienta inversiones internacionales y vacía de contenido técnico al Estado nacional. En ese sentido, los legisladores chaqueños también cuestionaron la creación de nuevas estructuras “sin planificación presupuestaria, ni criterios claros de eficiencia”.
Preocupación por Vialidad Nacional
Uno de los puntos centrales del proyecto es la defensa de Vialidad Nacional, considerada estratégica por su rol en la conservación de rutas, respuesta ante emergencias y ejecución de obras públicas. Su fragmentación, según los autores, compromete la continuidad de obras licitadas, financiamiento externo y la operatividad técnica del organismo.
Además, el proyecto contempla la restitución del personal afectado por el decreto, con la preservación de sus derechos laborales y su carrera administrativa. “Detrás de cada estructura desmantelada hay trabajadores capacitados que hoy ven comprometido su futuro y su rol en el desarrollo del país”, señalaron.
Advertencia sobre el impacto federal
El proyecto también hace foco en el impacto institucional del decreto, señalando que “viola competencias provinciales, compromete fondos coparticipables y atenta contra el espíritu federal que debe guiar la política de transporte e infraestructura”.
Por último, los diputados remarcaron que el Estado no debe abandonar su rol en áreas clave. “Un Estado presente no es una carga: es una herramienta que salva vidas, conecta regiones, genera empleo y garantiza igualdad de oportunidades”, concluyeron.
