Una nueva medida dispuesta por la Municipalidad de Resistencia generó fuerte rechazo entre comerciantes del rubro gastronómico. En el marco de un plan de reordenamiento urbano, la gestión del intendente Roy Nikisch resolvió el retiro obligatorio de los denominados “balcones gastronómicos”, estructuras instaladas sobre la calzada durante la pandemia para ampliar la capacidad de atención al aire libre.
La decisión fue oficializada mediante una resolución firmada por autoridades municipales, que argumentan que estos espacios representan un obstáculo para la circulación vehicular y un riesgo para la seguridad vial. La medida busca recuperar el uso original del espacio público y avanzar con un ordenamiento integral del tránsito en la ciudad.
Los balcones gastronómicos surgieron durante la gestión del exintendente Gustavo Martínez, como parte de un paquete de medidas excepcionales para sostener al sector en medio de las restricciones por Covid-19. Se autorizó entonces la ocupación de hasta dos metros de calzada frente a bares y restaurantes, se permitió el estacionamiento en ambas manos en ciertos sectores, y se suspendió el cobro de tasas por uso del espacio público.
Sin embargo, con el retorno a la normalidad y un nuevo enfoque desde el Ejecutivo municipal, la permanencia de esas plataformas fue puesta en revisión. Desde el municipio aseguran que ya no existe justificación sanitaria y que las estructuras impiden el normal tránsito en arterias clave de la ciudad.
Reclamo del sector gastronómico
La respuesta del sector no tardó en llegar. Comerciantes advierten que la medida podría tener un fuerte impacto económico y ponen en duda la viabilidad de muchos emprendimientos que, tras la pandemia, adaptaron su modelo de atención a estos espacios.
“Para muchos locales, los balcones representan entre el 30% y el 50% de su facturación. Quitarlos de un día para otro sin alternativas, pone en riesgo fuentes de trabajo y la continuidad de muchas pymes”, expresó un empresario del rubro.
La polémica no es nueva. Ya en el momento de su implementación, hubo críticas respecto a los riesgos viales y el uso indebido de la vía pública. No obstante, en su momento fueron vistas como una “salvavidas” para la actividad, en un contexto de crisis sin precedentes.
Ahora, el debate resurge con fuerza. Mientras el municipio insiste en la necesidad de garantizar seguridad y recuperar el orden urbano, el sector privado pide diálogo y soluciones consensuadas para evitar que la medida derive en cierres y despidos.
