La administración norteamericana se presentó como «amicus curiae» ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. La decisión podría influir en la suspensión de la ejecución del fallo mientras se analiza la apelación argentina.
El gobierno de Estados Unidos volvió a intervenir en el juicio por la expropiación de YPF que enfrenta la Argentina en los tribunales de Nueva York. En esta oportunidad, la administración de Donald Trump decidió presentarse como «amicus curiae» ante la Cámara de Apelaciones para apoyar la solicitud del Estado argentino, que busca frenar la entrega inmediata de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes Burford y Eton Park, según lo ordenado en junio por la jueza Loretta Preska.
Esta decisión representa el segundo respaldo oficial del Departamento de Justicia norteamericano en el conflicto legal. Ya en 2023, bajo el gobierno de Joe Biden, EE.UU. había advertido que obligar a entregar las acciones de YPF violaría los principios de inmunidad soberana. A pesar de ese primer gesto, la magistrada falló en contra de la Argentina, estableciendo una condena por US\$16.100 millones. Sin embargo, el proceso actual quedó en pausa tras una apelación que fue aceptada por la Cámara, abriendo un nuevo cronograma judicial.
En los próximos días, Burford deberá presentar su oposición al pedido argentino de extender la suspensión del fallo. Luego, el Estado tendrá oportunidad de responder con sus argumentos. Mientras tanto, aún no se definió qué jueces integrarán la sala que decidirá sobre la apelación. Si la Corte acepta la solicitud de la Argentina, quedará sin efecto la orden de entrega de las acciones hasta que haya una resolución definitiva, la cual podría demorar hasta 2026.
El caso tiene origen en la expropiación de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se nacionalizó la participación de Repsol sin ofrecer condiciones similares al resto de los accionistas, entre ellos el grupo Petersen. Los fondos demandantes adquirieron los derechos de litigar y llevaron el caso a la justicia estadounidense, que determinó una millonaria indemnización. La situación judicial actual es seguida de cerca por los mercados, ya que podría sentar un precedente para otros acreedores que buscan cobrar con activos del Estado.
