La Justicia federal investiga un presunto entramado de afiliaciones truchas y extorsión a empleados públicos vinculado a La Libertad Avanza en Chaco. El principal imputado es Alfredo «Capi» Rodríguez, actual titular de la ANSES en la provincia y presidente del partido en el distrito. Fue citado a declaración indagatoria en el marco de una causa que lo acusa por 40 hechos de falsificación de instrumento público agravado, en concurso con abuso de autoridad.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, revela un presunto uso indebido de datos personales sensibles para confeccionar afiliaciones partidarias sin consentimiento. De las 45 personas citadas por la Justicia, 40 resultaron ser víctimas de afiliaciones falsas, entre ellas adultos mayores, personas analfabetas o con enfermedades motrices, lo que, según el fiscal, configura un patrón de vulnerabilidad aprovechado con fines políticos.
Sabadini señaló que Rodríguez, en su doble rol como funcionario de ANSES y referente partidario, habría utilizado su acceso a bases de datos oficiales para fomentar afiliaciones falsas, violando su deber de protección de la información pública. Según testimonios, las firmas eran imitadas por jóvenes que rellenaban las planillas sin contacto con los supuestos afiliados.
Presiones económicas y denuncias internas
La causa también investiga presuntas extorsiones a empleados de ANSES y PAMI, quienes denunciaron haber sido presionados para realizar aportes económicos al partido político bajo amenaza de perder sus puestos o quedar fuera de futuras designaciones. Un testigo clave, Gerardo Delgado Belaunzarán, médico contratado por PAMI, relató estas prácticas y vinculó directamente a Silvia Arolfo, actual directora del organismo en la provincia, como beneficiaria.
Por otro lado, la propia vicepresidenta del partido, Ileana Aguirre, denunció irregularidades internas, incluyendo el manejo centralizado de fondos y decisiones por parte de Rodríguez, a través de la Fundación Ideas de Libertad, estructura paralela señalada por canalizar los aportes partidarios.
La causa sigue abierta
La fiscalía ordenó la ampliación del requerimiento de instrucción y nuevas medidas probatorias. Se solicitaron informes a ANSES y PAMI, y continúan las declaraciones de testigos que se presentan espontáneamente tras conocer el caso.
No se descartan nuevas imputaciones y eventuales detenciones, en una causa que combina uso indebido de datos personales, falsedad documental y presión política, con posibles derivaciones a nivel nacional.
