La administración de Javier Milei anunció controles más estrictos y un nuevo sistema de registro para beneficiarios de la AUH y pensiones por discapacidad, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal.
El gobierno de Javier Milei avanzará con un recorte en el acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las pensiones por discapacidad luego de las elecciones de octubre, en el marco del último acuerdo técnico firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida forma parte de una serie de exigencias del organismo internacional para lograr un mayor superávit fiscal y facilitar la salida parcial del cepo cambiario.
Según el documento publicado por el FMI, se implementarán “controles mejorados de elegibilidad” para ambos beneficios sociales a través de un registro único, que deberá estar operativo para fines de diciembre de 2025. Si bien aún no está claro si los cambios afectarán a nuevos solicitantes o también a quienes ya perciben estas ayudas, el Gobierno confirmó que se pondrá en marcha un empadronamiento nacional y más riguroso de beneficiarios.
El recorte responde al pedido del organismo que dirige Kristalina Georgieva de llevar adelante un “esfuerzo adicional equivalente al 0,3% del PBI”, con el objetivo de sostener la transición hacia un nuevo régimen cambiario. En paralelo, la administración libertaria también reafirmó su compromiso de continuar reduciendo subsidios a la energía y reforzar los controles sobre todos los programas sociales.
La ejecución del nuevo esquema estará a cargo del Ministerio de Capital Humano, que concentrará la información a través del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), una plataforma oficial que no publica actualizaciones desde mayo y que aún no muestra datos del impacto de los recientes recortes.
La medida ya genera preocupación entre sectores sociales y organizaciones vinculadas a la discapacidad, que temen que los ajustes afecten derechos adquiridos en un contexto económico marcado por la recesión y el aumento de la pobreza. Aunque el Gobierno insiste en que el objetivo es mejorar la “focalización y transparencia” de la asistencia, no se descartan protestas y reclamos ante posibles exclusiones.
