El Gobierno nacional promulgó este martes dos leyes consideradas clave por el oficialismo y la oposición: la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.
Ambas normas fueron aprobadas por el Congreso, pero su puesta en marcha quedó postergada hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629, que obliga a justificar el origen de los recursos para nuevas erogaciones del Estado.
Financiamiento universitario: actualización por inflación y recomposición salarial
La Ley 27.795 establece una serie de medidas para garantizar la continuidad de la educación universitaria pública y proteger los salarios del personal docente y no docente.
Entre los puntos más relevantes se incluyen:
Actualización automática de los presupuestos universitarios en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
Recomposición salarial con carácter remunerativo y bonificable, que implica la incorporación plena de sumas no remunerativas.
Convocatoria obligatoria a paritaria nacional con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación.
Fortalecimiento de programas de becas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
No obstante, el cumplimiento de estas medidas dependerá de la aprobación de fondos específicos por parte del Congreso, lo que mantiene en suspenso la aplicación efectiva de la norma.
Emergencia Pediátrica
Por su parte, la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de salud por el término de un año. Su finalidad es garantizar el acceso equitativo a la atención médica infantil y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.
El texto establece como prioridades:
Asegurar servicios de salud pediátrica de calidad, incluyendo hospitales de referencia y tratamientos de alta complejidad.
Garantizar la continuidad laboral y la recomposición salarial de residentes y profesionales, con incrementos equivalentes al nivel de noviembre de 2023.
Destinar recursos a programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.
Sin embargo, el Decreto 760/2025 dejó en suspenso la ejecución de la ley hasta que el Congreso apruebe partidas específicas, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria en el Ministerio de Salud para cubrir los nuevos gastos sin afectar otras áreas sensibles.
Su postergación, ¿que implica?
Con la promulgación, las leyes entran en vigencia formal, pero su ejecución práctica queda frenada. Esto significa que no se asignarán fondos ni se aplicarán los aumentos o programas previstos hasta que exista financiamiento aprobado. 21/10/25, 8:57 El Gobierno promulgó dos leyes clave, pero su puesta en marcha quedó sujeta al presupuesto.
Fuentes oficiales explicaron que la decisión apunta a evitar desfinanciar políticas esenciales en salud y educación, mientras se define cómo absorber el impacto fiscal de ambas iniciativas.
