El juicio oral por la causa conocida como “Cuadernos” se reanudará este martes a las 13.30. En la audiencia está previsto que se lea el descargo de varios empresarios imputados y luego se avance con la valoración de las pruebas reunidas durante el proceso.
Entre quienes presentarán su defensa se encuentran Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra, todos acusados en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a la obra pública.
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia dispuso que la Sala AMIA, recientemente remodelada en el edificio de Comodoro Py 2002, quede habilitada como nuevo espacio para la realización de juicios orales de gran envergadura. La medida forma parte de un plan de mejoras edilicias del Poder Judicial.
Esta decisión permitirá al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que tiene a su cargo el juicio de la causa Cuadernos y había advertido sobre problemas de infraestructura, contar con mejores condiciones para agilizar el desarrollo del proceso.
Durante la audiencia de la semana pasada, la fiscalía detalló cómo habría funcionado un acuerdo entre empresarios y funcionarios para sostener un sistema de recaudación ilegal. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios del Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, junto a empresarios del sector de la construcción.
Según el Ministerio Público Fiscal, el esquema estaba destinado a obtener beneficios económicos ilegales a través de la obra pública, la energía y el transporte. El mecanismo consistía en exigir porcentajes del valor de las obras —que iban del 3% al 20%— como pagos indebidos a cambio de adjudicaciones y liberación de fondos.
En su declaración, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que las empresas se reunían para acordar quién se quedaría con cada obra y qué monto se destinaría a los pagos ilegales. Esa información luego era trasladada a José López, quien la enviaba a funcionarios de Vialidad Nacional para que esos montos fueran incluidos en los pagos mensuales.
La puesta en valor de la Sala AMIA fue realizada por la Dirección General de Infraestructura Judicial, con supervisión de la Cámara Federal de Casación Penal. La obra demandó una inversión de más de 162 millones de pesos y se enmarca en el Plan General de Obras del Consejo de la Magistratura, que busca adaptar los espacios judiciales al nuevo Sistema Acusatorio.
