Luz Mía Di Battista, conocida como “La Barbi”, fue trasladada este martes 16 de diciembre, durante la siesta, desde la ciudad de Corrientes a Resistencia, en el marco de un operativo con fuerte custodia policial. La detenida pasó por Medicina Legal para los controles de rigor, prestó declaración y luego fue alojada nuevamente en el Complejo Penitenciario Nº1, del que se había fugado por segunda vez.
El caso volvió a encender las alarmas sobre los controles y las condiciones de detención dentro del sistema penitenciario chaqueño. La recaptura se produjo tras un nuevo episodio de evasión que derivó en investigaciones administrativas y judiciales.
En paralelo, el reclamo de la defensa y de la familia cuenta con respaldo judicial. A través de una resolución firmada por la jueza Dolly Roxana de los Ángeles Fernández, de la Cámara Segunda en lo Criminal, se ordenó el traslado y alojamiento de la imputada, con carácter de “muy urgente”, en una unidad penitenciaria destinada a mujeres que garantice el respeto de su identidad de género.
Además, la magistrada dispuso que el Servicio Penitenciario adopte todas las medidas necesarias para asegurar condiciones de seguridad y trato digno, en cumplimiento de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743 y de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Según el planteo presentado, Di Battista habría sido víctima de agresiones físicas, insultos de connotación sexual y otras situaciones que vulneran su dignidad personal. Sus familiares sostienen que el actual contexto de detención pone en riesgo no solo su integridad física, sino también su salud psíquica y emocional.
En ese sentido, aseguraron que la reciente fuga estuvo motivada por el cansancio frente a los reiterados hostigamientos y situaciones de violencia que, según denuncian, sufre dentro del penal. Por ese motivo, reclaman de manera urgente su traslado a un penal de mujeres y el reconocimiento pleno de su identidad de género.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad del Chaco inició una investigación interna para determinar posibles responsabilidades del personal penitenciario. El subsecretario de Seguridad, Juan de la Cruz González, confirmó que se abrieron sumarios administrativos y una investigación judicial paralela, tal como lo establecen los protocolos.
“Cada vez que se producen estos hechos se inician las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes para deslindar responsabilidades”, explicó el funcionario. En ese marco, al menos dos agentes penitenciarios fueron apartados de sus funciones de manera preventiva.
Desde la cartera de Seguridad indicaron que se revisan los protocolos de control, los registros de guardia, los recorridos del personal y las condiciones estructurales del sector donde se produjo la evasión. El caso sigue generando fuerte tensión institucional y reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado y las condiciones de detención en el sistema carcelario.
