En una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), en medio de fuertes cruces políticos y acusaciones de irregularidades.
La votación se resolvió con 186 votos a favor y dos abstenciones. La terna quedó integrada por Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, por el peronismo; y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal. Almada y Forlón prestaron juramento de manera inmediata y asumieron formalmente sus funciones en el organismo de control.
Sin embargo, el clima político se tensó rápidamente. Bloques como Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo aceleró la votación para “devolver favores” y advirtieron que el procedimiento sería ilegal, ya que la designación no figuraba en el temario de sesiones extraordinarias enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
En señal de protesta, estas fuerzas políticas se retiraron del recinto, dejando que los espacios beneficiados avanzaran con la votación en soledad. Desde la oposición calificaron el accionar como una muestra del comportamiento de la “casta”.
El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, adelantó que su espacio apelará a la Justicia y sostuvo que la designación de auditores “no es competencia del pleno en sesiones extraordinarias” si el tema no fue habilitado por el Poder Ejecutivo.
Por su parte, la diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) fue contundente: acusó al oficialismo de estar “apurado en devolver favores” y cuestionó el reparto de cargos. “Nunca vi algo más de casta que lo de recién. Nos parece bochornoso”, afirmó.
En la misma línea, Pablo Juliano (Provincias Unidas) criticó con dureza el momento elegido para la votación: “No hay nada más por la ventana que nombrar a tres personas a las 3 de la mañana”. Y agregó: “Es más casta que la casta. Nosotros nos vamos a retirar. Se ve que no hay vocación de seguir con la orden del día”.
La polémica promete continuar en los próximos días, con posibles presentaciones judiciales y un debate abierto sobre la legalidad del procedimiento.
