La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este 20 de febrero una controvertida reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en medio de una intensa jornada de debate parlamentario, protestas sindicales y un paro general que paralizó buena parte del país.
La iniciativa obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, y ahora regresa al Senado para su aprobación final, luego de que los legisladores eliminaran un artículo muy polémico que recortaba beneficios por enfermedad.
Un debate atravesado por protestas y paro general
La sesión tuvo momentos de fuerte tensión entre bloques políticos. Mientras el oficialismo defendía las reformas como necesarias para modernizar el mercado laboral, la oposición criticó los cambios por considerar que debilitan derechos de los trabajadores.
Al mismo tiempo, sindicatos liderados por la Confederación General del Trabajo (CGT) llevaron a cabo una huelga general de 24 horas, que paralizó servicios públicos, transporte urbano —incluidos subtes y colectivos— y provocó la cancelación de vuelos en aeropuertos del país.
“El proyecto busca generar empleo formal y atraer inversiones en un mercado con más del 40 % de trabajadores informales”, afirmó uno de los legisladores oficialistas durante el debate. Por su parte, dirigentes sindicales advirtieron que la ley representa un retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas.
Principales cambios que introduce la nueva ley laboral
El proyecto aprobado reforma aspectos fundamentales de las relaciones laborales en Argentina. Entre los puntos más relevantes se destacan:
- Jornada laboral más flexible: se permite extender las jornadas de trabajo hasta 12 horas diarias bajo ciertos acuerdos con el llamado banco de horas, que reemplaza el pago de horas extra por compensación en tiempo trabajado.
- Modificación en las indemnizaciones: el cálculo de indemnizaciones por despido se basa ahora en el salario básico sin incluir complementos como bonos, vacaciones o aguinaldo.
- Reducción del poder sindical: se descentraliza la negociación colectiva, potenciando acuerdos a nivel empresarial por sobre los acuerdos generales con los sindicatos.
- Límites al derecho de huelga: la ley exige la prestación de servicios mínimos en actividades esenciales durante paros, lo que restringe la capacidad de las organizaciones para detener totalmente las operaciones.
Además, se establecen cambios en cómo se organizan las negociaciones colectivas y se modifica la vigencia de los convenios vencidos, lo que debilita la ultraactividad de acuerdos anteriores.
Tras las críticas por un artículo que recortaba beneficios por enfermedad, ese punto fue eliminado del texto, lo que obliga a que la Cámara Alta vuelva a deliberar sobre la versión modificada antes de promulgar la ley.
Reacciones encontradas
- Desde el Gobierno y aliados destacaron que la reforma “moderniza” el mercado laboral y facilita la creación de empleo formal en un contexto económico difícil.
- Sindicatos y la oposición calificaron la ley como un ataque a derechos laborales históricos, argumentando que debilita la negociación colectiva, disminuye protecciones y perjudica a los trabajadores.
- Ciudadanos y sectores sociales expresaron su rechazo en diversas manifestaciones frente al Congreso, donde ocurrieron momentos de tensión con las fuerzas de seguridad.
