La Justicia federal avanza en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y en las últimas horas se ordenó citar a declarar al contratista que estuvo a cargo de las refacciones realizadas en una propiedad ubicada en un country de la provincia de Buenos Aires.
La medida fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita y se enmarca en un expediente que tramita bajo la órbita del juez Ariel Lijo, donde se analizan los movimientos patrimoniales del funcionario y su entorno, con el objetivo de determinar si existe coherencia entre los ingresos declarados y las operaciones inmobiliarias registradas.
La investigación se centra en una vivienda del country Indio Cuá Golf Club, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, donde se realizaron obras de remodelación que ahora son objeto de análisis judicial. En ese contexto, la Justicia busca establecer quién financió los trabajos, cómo se realizaron los pagos y si existen comprobantes que respalden las operaciones.
El contratista citado es Matías Tabar, quien deberá presentarse a declarar en los tribunales de Comodoro Py el próximo 24 de abril a las 9 de la mañana, en calidad de testigo. Además de su declaración, deberá aportar documentación clave para reconstruir el circuito completo de contratación, ejecución y financiamiento de las obras.
Entre los elementos solicitados figuran presupuestos, contratos, órdenes de trabajo, facturas, recibos, certificados de avance de obra y comprobantes de pago. También deberá presentar información sobre cuentas bancarias, transferencias, cheques, billeteras virtuales y cualquier otro medio utilizado para abonar los trabajos, con detalle de montos, fechas y personas involucradas.
Asimismo, la citación incluye la entrega de comunicaciones mantenidas con Adorni, su esposa o intermediarios, ya sea por mensajes, correos electrónicos u otros medios digitales, además de documentación sobre proveedores y personal que participó en las obras.
En paralelo, la fiscalía también solicitó información a la administración del barrio privado sobre el pago de expensas y la tasa de ingreso al country, que habría sido de 5.000 dólares, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero vinculado a la propiedad.
La causa se originó a partir de una denuncia por presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario y continúa en etapa de recolección de pruebas. Por el momento, no hay imputaciones adicionales, pero el avance de la investigación podría derivar en nuevas medidas judiciales en los próximos días.
