La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia detectara movimientos vinculados a criptomonedas realizados a través de distintas plataformas digitales.
La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien ordenó profundizar el análisis sobre operaciones financieras registradas tras el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario, de su pareja Bettina Angeletti y de las sociedades en las que participan.
Según trascendió, entre las plataformas alcanzadas por los requerimientos judiciales figuran Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango. Los primeros informes remitidos a la fiscalía habrían confirmado ingresos y egresos de fondos vinculados a activos digitales como Bitcoin, Ethereum y Tether, aunque todavía no se precisó el período exacto en el que se realizaron esas operaciones.
La pesquisa también incluye pedidos de información a billeteras virtuales y entidades financieras digitales, entre ellas Mercado Pago y Brubank, que deberán aportar datos sobre movimientos de fondos, cuentas asociadas y direcciones IP utilizadas en las transacciones.
El patrimonio y los gastos bajo análisis
Uno de los principales ejes de la investigación apunta a determinar si el nivel de gastos y operaciones realizadas por Adorni se corresponde con los ingresos declarados oficialmente.
De acuerdo con la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción en 2024, el funcionario informó un patrimonio superior a los 107 millones de pesos, además de depósitos en dólares y cuentas en el exterior.
Sin embargo, la fiscalía puso bajo análisis una serie de gastos vinculados a viajes internacionales, remodelaciones y operaciones inmobiliarias que, según consta en el expediente, representarían erogaciones cercanas a los 349.640 dólares en poco más de un año.
Entre los movimientos investigados aparecen pagos por vuelos al exterior, hospedajes y reformas realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. En ese contexto, el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que las remodelaciones habrían demandado alrededor de 245.000 dólares en efectivo y sin facturación formal, un testimonio que ahora forma parte de la causa.
Otro de los puntos observados por los investigadores es que las operaciones con criptomonedas no habrían sido incorporadas en la declaración jurada correspondiente al cierre fiscal del 31 de diciembre de 2024, pese a que este tipo de activos deben incluirse dentro del patrimonio declarado.
Qué busca determinar la fiscalía
La Justicia intenta establecer si existe una relación coherente entre los ingresos declarados, los movimientos financieros y el nivel de gastos del funcionario y su entorno cercano.
En ese marco, también se solicitó al Banco Central de la República Argentina información detallada sobre cuentas, créditos, préstamos y productos financieros vinculados a Adorni y sus empresas desde enero de 2022 hasta la actualidad.
La incorporación del análisis de criptoactivos representa además un cambio en las metodologías de investigación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito, ya que ahora el seguimiento alcanza exchanges internacionales, billeteras digitales y plataformas fintech.
Mientras avanza la causa, Adorni rechazó haber cometido irregularidades y sostuvo que “todo quedará clarificado” con la próxima presentación de su declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025. Además, negó las cifras difundidas sobre gastos en remodelaciones y afirmó que “todos los papeles están en orden”.
