La secretaria coordinadora de Gabinete de la provincia, Carolina Meiriño, encabezó este martes una conferencia de prensa junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, para detallar las acciones realizadas por el Ejecutivo provincial en torno al caso de una mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en establecimientos sanitarios de la provincia.
Durante el anuncio oficial, Meiriño sostuvo que el Gobierno actuó con “verdad y transparencia” desde el primer momento en que se conoció la situación y remarcó que se impulsaron denuncias administrativas, judiciales y policiales para esclarecer los hechos.
“La primera denuncia realizada la hace el director del Hospital de Quitilipi, la segunda la hace el Ministerio de Salud del Chaco y la tercera la hace el director regional; no vamos a permitir que se confunda a la sociedad y mucho menos se utilice la información con fines políticos”, afirmó la funcionaria.
Cómo comenzó la investigación
Según detallaron las autoridades, el caso salió a la luz el 15 de abril de 2026, cuando a las 9:05 el director del hospital de Quitilipi, Daniel Alfredo Acuña, elevó un informe a la Subsecretaría de Redes de Salud-Este alertando sobre una mujer identificada como Mabel Ojeda, quien realizaba guardias médicas de manera esporádica utilizando la matrícula profesional Nº 6822.
Tras las primeras averiguaciones, se constató que la acusada no mantenía relación formal de dependencia con el Ministerio de Salud Pública. De inmediato, la Subsecretaría solicitó a la Dirección de Fiscalización Sanitaria verificar la matrícula presentada.
Ese mismo día, el organismo confirmó que la matrícula pertenecía a otro profesional médico, por lo que el Ministerio de Salud radicó una denuncia ante la Mesa Única de Ingreso y Trámite (MUIT), iniciándose una causa judicial por presunta estafa.
En paralelo, el jefe de la Región Sanitaria Nº 2, Dr. Di Nubila, presentó una denuncia policial por supuesta usurpación de título y honores. La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal subrogante Gustavo Rafael Valero.
Medidas administrativas y apartamientos preventivos
En el plano administrativo, el Ministerio de Salud dispuso la apertura de una Información Sumaria mediante la disposición Nº 351/26, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades internas.
Además, y como medida preventiva para garantizar una investigación “objetiva e imparcial”, el Gobierno resolvió separar preventivamente de sus funciones al director de la Región Sanitaria 2 y al director del hospital de Quitilipi.
Posteriormente, a partir de la denuncia judicial, la Fiscalía ordenó allanamientos, la aprehensión provincial y el pedido de captura nacional de Lidia Mabel Ojeda.
Detención en Buenos Aires
El operativo de búsqueda fue llevado adelante por el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco. Como resultado de las tareas investigativas, la mujer fue localizada el 27 de abril en la provincia de Buenos Aires.
Luego de cumplirse las actuaciones judiciales correspondientes, la acusada fue trasladada al Chaco el pasado 8 de mayo y quedó a disposición de la Justicia provincial.
El Gobierno se presentó como querellante
Durante la conferencia, las autoridades confirmaron además que el Gobierno provincial se constituyó como querellante en la causa judicial.
“Desde el primer momento en que se advirtió la situación denunciada, el Gobierno de la Provincia articuló todos los resortes necesarios con el único objetivo de llegar a la verdad real y que quienes resulten responsables respondan conforme lo resuelva la Justicia, aplicándose el rigor de la ley”, concluyó Meiriño.
