El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) con la publicación de los pliegos de licitación para la venta del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado, según se informó oficialmente este jueves.
La medida forma parte del esquema habilitado por la Ley Bases, que declaró a la empresa “sujeta a privatización”, y representa uno de los pasos centrales en el plan oficial para transferir la operación del servicio de agua potable y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al sector privado.
De acuerdo con la información difundida, el proceso prevé la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa, que tendrá como objetivo expandir la red de servicios y mejorar la calidad de la prestación. El Estado, en tanto, busca avanzar con un esquema de concesión de largo plazo y una nueva estructura regulatoria para la empresa.
Un proceso que prevé mayoría accionaria privada
El esquema de privatización contempla la transferencia de hasta el 90% de las acciones de AySA, mientras que el 10% restante quedará en manos de los trabajadores, bajo un programa de propiedad participada.
Según los lineamientos del proceso, el futuro operador privado deberá adquirir una participación mayoritaria —al menos el 51%— para ejercer el control de la compañía, mientras que el resto podrá ser distribuido en el mercado de capitales o en otras instancias de inversión.
La concesión del servicio tendrá un plazo estimado de 30 años, con posibilidad de extensión por una década adicional, dependiendo del cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Objetivos del Gobierno y argumentos oficiales
Desde el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, se sostuvo que la incorporación de capital privado permitirá mejorar la eficiencia del servicio, ampliar inversiones y reducir la carga del Estado en la gestión de empresas públicas.
En esa línea, el Gobierno argumenta que el objetivo es dejar atrás el uso de compañías estatales como herramientas políticas y avanzar hacia un modelo basado en la competencia y la inversión privada.
El proceso de privatización de AySA se aceleró en los últimos meses con la aprobación del contrato de concesión y la adecuación del marco regulatorio, lo que permitió avanzar hacia esta instancia de licitación pública nacional e internacional.
Contexto de la medida
AySA presta servicios de agua potable y saneamiento a millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense, lo que la convierte en una de las empresas públicas de mayor alcance del país.
La decisión de avanzar con su privatización se enmarca dentro del plan de reforma del Estado impulsado por el Ejecutivo, que incluye la participación del sector privado en distintas áreas de infraestructura y servicios públicos.
Con la publicación de los pliegos, el Gobierno abre formalmente el proceso de licitación que definirá el futuro control de la compañía y el nuevo esquema de prestación del servicio de agua y cloacas en el AMBA.
