El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a cinco querellantes de la causa que investiga el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA, al hacer lugar a un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli, uno de los principales imputados en el expediente.
La decisión judicial se fundamentó en que, según el magistrado, los denunciantes no lograron acreditar de manera suficiente su condición de damnificados directos ni la titularidad de los activos digitales con los que aseguran haber sufrido pérdidas durante la operatoria vinculada a la criptomoneda.
El planteo había sido impulsado semanas atrás por la defensa de Novelli, que sostuvo que los querellantes no reunían los requisitos legales para intervenir en el proceso penal. En su presentación, además, rechazó las acusaciones de estafa y negó cualquier responsabilidad en los hechos investigados.
Impacto en la investigación
La resolución implica que los cinco particulares dejarán de participar, al menos por el momento, como querellantes en la causa, lo que limita sus facultades procesales para impulsar medidas de prueba, solicitar diligencias o recurrir determinadas decisiones judiciales.
Sin embargo, la investigación penal continúa bajo la conducción del juez Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quienes mantienen abiertas distintas líneas de investigación para determinar las responsabilidades por el lanzamiento de la criptomoneda y las pérdidas económicas denunciadas por inversores.
Una causa de alto impacto político
El expediente por el caso $LIBRA se convirtió en una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión del último año debido a la magnitud de las pérdidas denunciadas y a la participación de empresarios y operadores vinculados al proyecto de la criptomoneda.
Mauricio Novelli figura entre los principales investigados por la Justicia, mientras el expediente también analiza las circunstancias que rodearon la promoción del activo digital y los contactos mantenidos entre los impulsores del proyecto y distintos actores políticos antes de su lanzamiento.
La decisión de apartar a las querellas no pone fin a la causa, aunque modifica el escenario procesal al reducir la participación de los particulares afectados en la investigación. La resolución podría ser apelada por los representantes de los damnificados, quienes buscan mantener su intervención activa dentro del expediente.
