Migraciones amplió los operativos junto con las fuerzas federales y reforzó el uso de sistemas de información para identificar irregularidades. El esquema contempla controles territoriales, cruces de datos y nuevas alertas.
El Gobierno nacional profundiza los controles migratorios en distintos puntos del país para detectar extranjeros en situación irregular. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) amplió los operativos territoriales y trabaja en conjunto con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Los procedimientos se definen a partir de tareas de campo y del análisis de zonas donde existe una mayor concentración o circulación de extranjeros. Pueden ser planificados previamente o activarse ante un requerimiento específico. Según el Gobierno, los operativos federales no necesitan un aviso previo a las autoridades provinciales.
Durante los operativos, los agentes pueden solicitar documentación y verificar la identidad y la situación migratoria de las personas. Si se detecta una irregularidad, la respuesta depende de cada caso.
Una persona que tenga vencida su permanencia o necesite completar un trámite de residencia puede ser intimada a regularizar su situación. En cambio, si se comprueba un ingreso ilegal al país, Migraciones puede iniciar un procedimiento que eventualmente derive en una expulsión. Cuando existen causas judiciales pendientes u órdenes internacionales, intervienen las autoridades correspondientes.
El marco de estos procedimientos se amplió a partir del DNU 366/2025, que otorgó a Migraciones facultades para requerir la acreditación de identidad y situación migratoria y organizar operativos de inspección y fiscalización. La normativa también contempla la posibilidad de expulsión ante ingresos por pasos no habilitados o cuando se evade el control migratorio.
Uno de los últimos procedimientos de mayor despliegue se realizó en Rosario. Migraciones y la Policía Federal movilizaron cerca de 60 agentes y controlaron a unas 420 personas.
De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios nacionales, fueron detectados ocho extranjeros con irregularidades migratorias. Entre ellos había un ciudadano chino que tenía una orden de expulsión. El operativo se realizó sin aviso previo al Gobierno de Santa Fe.
También hubo controles en otras zonas del país. En abril, Migraciones, la Policía Federal y Gendarmería controlaron a 423 personas en Aguaray, Salta, y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular. En julio, Gendarmería identificó en Misiones a cinco ciudadanos chinos que no contaban con registro de ingreso legal y Migraciones dispuso su salida hacia Brasil.
El Gobierno también busca reforzar los controles mediante herramientas tecnológicas. Migraciones cuenta con una plataforma que cruza movimientos migratorios con información de Interpol y datos anticipados proporcionados por las empresas de transporte.
Además, este año se creó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que reúne a Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El organismo realiza cruces automatizados de información y puede generar alertas a partir de análisis de riesgo.
En julio, Migraciones también estableció nuevas reglas de confidencialidad para su personal. Los empleados deben comprometerse a proteger la información vinculada con datos personales, movimientos migratorios, antecedentes, medidas judiciales y actuaciones administrativas. Las consultas realizadas en los sistemas pueden ser registradas y auditadas.
El Gobierno sumó además cambios legales al esquema migratorio. El DNU 681/2026 incorporó como causal para impedir el ingreso al país o cancelar una residencia determinadas conductas vinculadas con mensajes de odio o incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, así como la participación en actos considerados ultrajes contra símbolos patrios.
La Casa Rosada busca incorporar esta información al sistema de alertas migratorias existente. Sin embargo, todavía debe definirse cómo se generarán esas alertas, qué pruebas serán necesarias y qué organismo tendrá a su cargo su validación.
De esta manera, el Gobierno apunta a combinar controles presenciales en todo el país con un mayor uso de información y tecnología para detectar irregularidades migratorias y acelerar los procedimientos correspondientes.
