El Gobierno presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Además, el Presidente instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que incluya como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada en el proyecto de Presupuesto 2027.
El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra cinco empresas petroleras vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Al mismo tiempo, el Presidente ordenó priorizar el desarrollo de la Base Naval Integrada dentro del proyecto de Presupuesto Nacional 2027.
La denuncia fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, según informó la Oficina del Presidente.
La medida se suma a una serie de acciones impulsadas por el Ejecutivo para reforzar su posición sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas y proteger los recursos naturales de la zona.
Las cinco empresas denunciadas
La presentación judicial alcanza a las siguientes compañías:
- Navitas Petroleum Development & Production Ltd.
- Navitas Petroleum Atlantic United
- Navitas Petroleum LP
- JHI Associates Inc.
- Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido para realizar actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El Ejecutivo considera que esas operaciones se realizan en violación de las disposiciones de la Ley 26.659, que establece un régimen relacionado con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
La denuncia también alcanza a Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., en su carácter de accionistas vinculados con las compañías involucradas.
Además, la presentación judicial incluye a directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o personas autorizadas que pudieran haber participado en los hechos que son objeto de investigación.
Qué dijo el Gobierno sobre la denuncia
A través de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo sostuvo que la presentación judicial busca defender los recursos naturales y la posición argentina sobre las islas y los espacios marítimos que las rodean.
“La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, señaló el Gobierno.
Además, el Ejecutivo anticipó que continuará con las investigaciones y con las acciones que considere necesarias frente a actividades que, desde su perspectiva, puedan afectar los derechos soberanos de la Argentina.
Milei pidió priorizar la Base Naval Integrada
En paralelo con la denuncia, el presidente Javier Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que durante la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 se priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada.
La instrucción también contempla otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos de la Argentina.
El objetivo planteado por el Gobierno es fortalecer las capacidades del Estado para la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses estratégicos del país.
El Presupuesto 2027 llegará al Congreso el 15 de septiembre
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 deberá ser enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el próximo 15 de septiembre.
De esta manera, la decisión de priorizar la Base Naval Integrada quedará incorporada dentro del proceso de elaboración del próximo presupuesto nacional, junto con otros proyectos que el Gobierno considera relevantes para la defensa y la seguridad.
Desde el Ejecutivo señalaron que la denuncia contra las petroleras y la instrucción presupuestaria forman parte de una misma política: reforzar la presencia y las capacidades del Estado argentino, proteger los recursos naturales y sostener los reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Las medidas marcan así un nuevo paso del Gobierno de Milei en su estrategia sobre la cuestión Malvinas, combinando acciones judiciales contra empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en la zona con una mayor prioridad presupuestaria para proyectos vinculados con la defensa nacional.
