El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia la documentación y las explicaciones requeridas por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El escrito responde un cuestionario de 20 puntos y busca justificar la evolución de su patrimonio entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, ante el juez federal Ariel Lijo. En el documento, la defensa sostiene que la evolución patrimonial de Adorni tiene un “sustento razonable y verificable” en documentación contable, financiera y técnica, y afirma que no existe un incremento patrimonial que no pueda ser explicado.
El descargo fue presentado antes del vencimiento del plazo otorgado por la Fiscalía. Ahora, la investigación deberá determinar si las explicaciones y documentos aportados resultan suficientes. En caso contrario, la causa podría avanzar hacia una declaración indagatoria.
Dólares en efectivo y operaciones patrimoniales
Uno de los principales puntos abordados fue el origen de los dólares estadounidenses declarados en efectivo. La defensa explicó la procedencia de montos de US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52 registrados en distintas declaraciones juradas bajo el concepto de “venta de activos”.
También justificó los préstamos familiares —denominados jurídicamente “mutuos”— atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo. Según la defensa, se trata de contratos privados documentados y declarados ante el organismo recaudador, y sostuvo que no requieren escritura pública ni registración especial para ser válidos entre las partes.
Respecto del Jeep Compass, el escrito indicó que fue adquirido mediante una permuta por un Renault Captur que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, habían comprado en 2021. La operación fue documentada por una factura de $18,3 millones y se realizaron además pagos por un total de $2 millones y consumos con tarjeta.
La compra del lote y las remodelaciones
Otro de los ejes del requerimiento fiscal fue la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá, por US$120.000. La defensa señaló que US$100.000 fueron financiados mediante un mutuo con garantía hipotecaria sobre un inmueble de la calle Asamblea 1132, mientras que los US$20.000 restantes fueron abonados en efectivo.
En cuanto a las obras realizadas en la vivienda, la defensa cuestionó que el costo haya alcanzado los US$245.000 señalados en el requerimiento y sostuvo que, de acuerdo con documentación y un análisis forense del teléfono de Matías Tabar, el monto efectivamente abonado habría sido menor.
También explicó que los fondos utilizados para las remodelaciones y para la compra de muebles del inmueble de Miró 550 provenían de los ahorros declarados por Adorni.
Inmueble de Miró 550
Sobre la compra del inmueble ubicado en Miró 550, la defensa afirmó que los US$30.000 abonados en efectivo surgieron de dólares ahorrados por Adorni.
En relación con las mejoras realizadas en esa propiedad, explicó que el valor declarado se vinculó con una obligación de pago de US$62.500 a Pablo Feijoo. Según el escrito, ese importe fue convertido a pesos para su declaración patrimonial y registrado como activo y pasivo.
Criptomonedas
La defensa también respondió sobre las operaciones con criptoactivos. Sostuvo que Adorni comenzó a operar con bitcoin antes de abrir cuentas en exchanges como Binance, Buenbit y Lemon.
Según un informe técnico presentado como prueba, ocho direcciones de Bitcoin analizadas registran actividad entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. El escrito sostiene que, durante esos años, las operaciones minoristas con criptomonedas se realizaban frecuentemente entre particulares, foros y plataformas internacionales, muchas de las cuales ya no conservan registros históricos.
Gastos, viajes y movimientos bancarios
Otro de los puntos abordados fue la relación entre los ingresos declarados y los gastos del grupo familiar. La defensa presentó una conciliación de ingresos y egresos correspondiente a 2024, 2025 y el primer semestre de 2026.
Según esa reconstrucción, los gastos del matrimonio se explican por los salarios, honorarios, facturación de Angeletti, rendimientos financieros y ahorros en moneda extranjera declarados.
El escrito también atribuyó a esos ahorros y a los ingresos declarados los fondos utilizados para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.
Facturas y deudas cuestionadas
La defensa respondió además por una serie de comprobantes que la Fiscalía había señalado como operaciones cuya cancelación no podía ser conciliada con los movimientos bancarios y de tarjetas.
Entre otros casos, indicó que determinadas compras de artículos de decoración fueron abonadas en efectivo, que una consulta odontológica por $450.000 fue pagada mediante una transferencia desde Mercado Pago y que una factura de Detroit 1925 S.A. por $1.070.800,50 fue anulada.
Respecto de dos deudas con el Banco Galicia por $6.429.000 y $3.903.000, sostuvo que se trató de un error material en la declaración jurada inicial y que ambas partidas fueron corregidas posteriormente.
La defensa también explicó los honorarios notariales vinculados con las operaciones inmobiliarias del matrimonio. Según el escrito, los pagos fueron realizados en efectivo y las facturas fueron emitidas a nombre de Bettina Angeletti porque fue ella quien realizó los trámites ante la escribanía.
Tarjetas utilizadas por familiares
Adorni también respondió por los consumos realizados por personas de su entorno mediante tarjetas vinculadas a sus cuentas.
Sobre Silvia Pais, su madre, afirmó que utiliza una extensión de sus tarjetas desde hace años y que los consumos fueron cancelados por ella misma, ya sea mediante el pago de los resúmenes o mediante depósitos equivalentes en la cuenta de Adorni antes de los vencimientos.
En cuanto a una factura de una concesionaria por más de $4 millones registrada a nombre de Angeletti en 2026, la defensa negó que correspondiera a la adquisición de un vehículo no declarado y sostuvo que el matrimonio no compró ningún automóvil durante ese año.
Qué deberá analizar ahora la Justicia
Con la presentación del descargo, la Fiscalía deberá evaluar la documentación aportada y determinar si las explicaciones brindadas permiten justificar las diferencias patrimoniales observadas durante la investigación.
La defensa sostiene que la documentación presentada permite explicar el origen de los fondos, las operaciones inmobiliarias, los vehículos, los gastos y las inversiones cuestionadas. La decisión sobre la continuidad del proceso quedará sujeta al análisis que realicen el fiscal Pollicita y el juez Lijo sobre las pruebas incorporadas a la causa.
