La Casa Rosada recurrirá ante la Cámara la resolución del juez Martín Cormick, que intimó al Ejecutivo a cumplir de manera total con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno sostiene que ya cumplió con lo dispuesto y analiza si solicitará suspender los efectos de la intimación.
El Gobierno nacional apelará la resolución del juez Martín Cormick, que le dio cinco días para cumplir con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Mientras tanto, el Ejecutivo analiza si pedirá que la apelación suspenda los efectos de la resolución judicial.
El juez Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, consideró que el Gobierno no acreditó un cumplimiento total de la medida cautelar.
Por ese motivo, estableció un plazo de cinco días y advirtió que, si no se cumple con lo ordenado, podría aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora.
Desde el Gobierno sostienen una posición diferente: aseguran que la cautelar ya fue cumplida y que presentaron documentación para demostrarlo ante la Justicia.
Qué establece la medida cautelar
La cautelar fue dictada en diciembre de 2025 y ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados principalmente con la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles.
La medida fue confirmada por la Cámara y luego llegó a la Corte Suprema. El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Gobierno el 25 de junio, por considerar que no se trataba de una sentencia definitiva.
De esta manera, la cautelar quedó firme mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo de la causa.
El conflicto salarial
El Gobierno y los gremios universitarios mantuvieron varias negociaciones durante los últimos meses.
En junio se acordó una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas.
Sin embargo, las diferencias continuaron. El 17 de septiembre, el Ejecutivo ofreció un 3% adicional de aumento salarial, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales.
El Presupuesto 2027, otro punto de discusión
El conflicto judicial también está relacionado con el debate por el Presupuesto 2027. El Gobierno busca negociar con universidades, rectores y sectores del Congreso un incremento de los recursos destinados al sistema universitario.
El proyecto oficial contempla unos $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estima que serían necesarios cerca de $11 billones.
Por ahora, el Gobierno llevará la discusión judicial a la Cámara y deberá definir si solicita suspender la intimación mientras se analiza la apelación.
En paralelo, las universidades y los gremios mantienen sus reclamos y ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.
