El fiscal Mario Villar presentó una queja para que el máximo tribunal revise qué juzgado debe investigar la compra del inmueble y las presuntas maniobras económicas relacionadas con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.
La investigación por la compra de una mansión en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal revise la decisión que dejó el expediente en manos de la Justicia federal de Campana.
El planteo busca que se revoque esa resolución y que se determine cuál es el tribunal competente para continuar con la investigación. Para Villar, el caso no debe analizarse únicamente a partir de la ubicación del inmueble, sino también en relación con las presuntas maniobras económicas vinculadas con la AFA y un posible delito precedente de administración fraudulenta contra la entidad.
El fiscal sostiene que, como la sede de la asociación se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, la investigación debería tramitar en ese distrito. En su presentación, invocó la garantía del juez natural, que establece que una persona debe ser juzgada por el tribunal competente determinado conforme a las reglas legales.
La presentación ante la Corte se produjo luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible el recurso extraordinario con el que Villar intentaba llevar la discusión sobre la competencia judicial al máximo tribunal.
La causa se inició a partir de una denuncia contra Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes fueron señalados como presuntos testaferros de Toviggino. Según la presentación, ambos habrían adquirido, a través de la firma Real Central SRL, una propiedad en Villa Rosa sin contar con capacidad económica suficiente para justificar la operación.
La denuncia planteó la posible comisión del delito de lavado de activos. La investigación busca determinar el origen de los fondos utilizados para la adquisición del inmueble y establecer si existe una relación entre los compradores formales y el dirigente de la AFA.
La defensa de Pantano y Conte solicitó que interviniera el juzgado federal de Campana debido a que la propiedad se encuentra dentro de su jurisdicción. En cambio, Villar considera que el expediente debe examinarse en un contexto más amplio, que incluya las presuntas irregularidades económicas vinculadas con la entidad deportiva.
En su recurso, el fiscal también advirtió sobre la existencia de otras investigaciones relacionadas con la AFA y sus dirigentes, algunas de ellas atravesadas por conflictos de competencia pendientes.
Además, planteó que la concentración de causas de interés público en un juzgado que considera incompetente podría favorecer una selección estratégica del tribunal, práctica conocida como forum shopping.
Villar sostuvo que la intervención de la Corte resulta necesaria para resguardar la garantía del juez natural y resolver los conflictos jurisdiccionales. También destacó el interés institucional del caso por la relevancia pública de la AFA y mencionó una investigación en Estados Unidos por presunto lavado de activos y fraude bancario.
La causa continúa a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, mientras se espera que la Corte resuelva si admite la queja presentada por el fiscal y revisa la decisión sobre la competencia judicial.
