El Senado aprobó la reforma de Salud Mental

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La iniciativa obtuvo media sanción con 42 votos afirmativos y 21 negativos. Para reunir el respaldo de los bloques aliados, el oficialismo aceptó cambios en el financiamiento para las provincias y en la participación de los psicólogos en las decisiones sobre internaciones.

El Senado aprobó durante la madrugada de este viernes la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el gobierno de Javier Milei. El proyecto consiguió 42 votos a favor y 21 en contra, aunque su aprobación requirió una negociación de último momento encabezada por Patricia Bullrich con los bloques dialoguistas.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza debió aceptar modificaciones en dos puntos centrales del texto: las obligaciones financieras del Estado nacional con las provincias y la integración de los equipos profesionales encargados de evaluar las internaciones y las altas médicas.

La iniciativa había llegado al recinto con diferencias todavía pendientes de resolución. Si bien el oficialismo contaba con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros sectores aliados, varios senadores reclamaban mayores garantías para evitar que las jurisdicciones provinciales debieran afrontar con recursos propios los costos de implementación de la reforma.

Los fondos para las provincias, una de las principales concesiones

Uno de los cambios aceptados por Bullrich fue reforzar la obligación de cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La nueva redacción contempla la posibilidad de establecer convenios bilaterales para determinar los aportes destinados a implementar las modificaciones. Los recursos deberán coordinarse en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) y estarán orientados al fortalecimiento del personal, los dispositivos comunitarios y el desarrollo de la telemedicina.

El financiamiento había sido uno de los principales cuestionamientos durante el tratamiento en comisiones. Legisladores de distintas provincias advertían sobre el riesgo de que las nuevas exigencias quedaran a cargo de los gobiernos locales sin partidas presupuestarias suficientes.

La senadora jujeña Carolina Moisés, integrante de Convicción Federal, cuestionó la posibilidad de ampliar las internaciones sin garantizar previamente la infraestructura y los profesionales necesarios.

“Son necesarios los recursos para las provincias y que haya recursos para los centros comunitarios”, sostuvo.

Los psicólogos tendrán mayor participación

La segunda modificación importante estuvo vinculada con la integración de los equipos profesionales que intervienen en las internaciones.

El proyecto original del Poder Ejecutivo otorgaba un papel central a los psiquiatras, pero recibió cuestionamientos de facultades de Psicología y representantes provinciales, que reclamaban preservar el abordaje interdisciplinario.

Finalmente, el texto consensuado establece que la evaluación para autorizar una internación deberá contar con un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.

También se reconoce la participación de estos profesionales en las evaluaciones y las decisiones relacionadas con el alta de los pacientes.

Durante el debate, Bullrich rechazó la confrontación entre ambas disciplinas y sostuvo que son necesarias para abordar los trastornos de salud mental dentro de una comunidad.

Qué otros cambios contempla la reforma

La iniciativa amplía los criterios para disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.

En los casos excepcionales en los que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión mediante una evaluación interdisciplinaria pasa de 24 a 48 horas.

Además, se habilitan las teleconsultas en lugares donde no haya especialistas disponibles y se incorporan otras adicciones, como la ludopatía, dentro del abordaje de los consumos problemáticos.

Pese a las modificaciones, el proyecto mantiene dos principios de la legislación vigente: la prohibición de crear manicomios y el carácter excepcional de las internaciones.

Tras conseguir la media sanción, el texto será girado a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá construir una nueva mayoría para convertirlo en ley.

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