El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país. El escándalo dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos y provocó una ola de protestas contra el Gobierno.
La decisión se conoció después de dos jornadas consecutivas de movilizaciones en Asunción, donde miles de personas salieron a las calles para exigir la devolución de sus ahorros y reclamar la salida del mandatario. Las manifestaciones incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias de represión.
La crisis también tuvo consecuencias dentro del ámbito institucional. Al momento de conocerse la renuncia, la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana. La iniciativa contaba con el respaldo de sectores de la oposición y también de legisladores del oficialismo.
El conflicto se había desatado el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus servicios. La entidad concentraba los depósitos de alrededor de tres millones de personas, una cifra cercana a la mitad de la población paraguaya.
El escándalo provocó además la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos de la entidad financiera, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.
En paralelo, la oposición presentó un pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente por presunto mal desempeño de sus funciones y posibles conflictos de intereses. Los cuestionamientos también apuntaron a los vínculos comerciales que Peña había mantenido con el grupo empresarial que controlaba el banco.
Otro de los puntos bajo cuestionamiento fue el destino de los fondos públicos y previsionales depositados en la entidad, además de las decisiones regulatorias adoptadas por el Gobierno.
Peña había asumido la presidencia en agosto de 2023 y su mandato estaba previsto hasta 2028. Su renuncia abre un nuevo escenario institucional para Paraguay, que deberá resolver la sucesión presidencial de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución.
