La Justicia Federal ordenó más de veinte allanamientos en propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz y Buenos Aires, en el marco de dos investigaciones relacionadas con presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos.
Los procedimientos se llevaron adelante entre el lunes y este martes, principalmente en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales y distintos domicilios de la provincia de Buenos Aires. Las medidas también alcanzaron al empresario, a su pareja, Claudia Insaurralde, a un chofer y a otras personas investigadas. Además, se realizó una requisa en la celda donde Báez permanece detenido.
La orden fue dispuesta por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a partir de un pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
La investigación se desarrolla en dos expedientes vinculados entre sí. En uno de ellos, la Justicia busca establecer la existencia de una presunta organización dedicada al transporte de cocaína mediante camiones pertenecientes a una empresa transportista, actividad que habría comenzado al menos en diciembre de 2025.
Según la hipótesis investigativa, la distribución de los estupefacientes estaría a cargo de dos hombres, uno de los cuales tendría vinculación con un lavadero que habría sido utilizado como punto de entrega de la droga.
A partir de esa causa se abrió una segunda línea de investigación que apunta a determinar si existió una organización encabezada por Lázaro Báez, dedicada presuntamente a administrar, explotar y poner en circulación bienes de origen ilícito que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre el empresario.
De acuerdo con la investigación, uno de los posibles integrantes de esta estructura también sería señalado como presunto líder de la organización dedicada al tráfico de estupefacientes en Santa Cruz.
Durante los operativos participaron efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional. Como resultado, se secuestraron estupefacientes, documentación, vehículos y otros elementos considerados de interés para la causa.
Además, la Justicia dispuso embargos, requisas, secuestros de automotores y distintas medidas cautelares sobre el patrimonio de los investigados. También ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, a pedido de los fiscales Julio Zárate y Diego Velasco.
Báez continúa detenido y cumple una condena de diez años por lavado de activos agravado en la causa conocida como «Ruta del Dinero K» y por administración fraudulenta en el expediente «Vialidad».
La nueva investigación busca determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar o poner en circulación bienes de presunto origen ilícito y establecer los posibles vínculos entre las estructuras investigadas por narcotráfico y lavado de dinero.
