El Gobierno se juega una carta clave en la primera revisión del acuerdo por US$20.000 millones. Mientras exhibe logros fiscales, enfrenta tensiones por el bajo nivel de reservas netas.
Esta semana, el Ministerio de Economía inició reuniones técnicas con el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de avanzar en la primera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en abril. La misión del FMI, encabezada por Bikas Joshi, permanecerá en Buenos Aires hasta el viernes, manteniendo encuentros con autoridades económicas y del Banco Central para evaluar el cumplimiento de metas pactadas que permitirían destrabar un nuevo desembolso por US$2000 millones.
En lo fiscal, el Gobierno exhibe sobrecumplimiento: hasta mayo se logró un superávit primario cercano a los $7 billones, cuando el compromiso era de $6 billones. Además, ya se alcanzó el 0,8% del PBI en resultado primario, la mitad del objetivo anual. Estos números refuerzan la estrategia del ministro Caputo de presentar un frente sólido ante el organismo en materia de ordenamiento de las cuentas públicas.
El punto más crítico de la evaluación está en las reservas internacionales. A pesar de haber accedido a financiamiento internacional y colocar deuda por US$1500 millones, las reservas netas están lejos de la meta. Al 13 de junio, deberían haberse ubicado en -US$500 millones, pero las estimaciones privadas sugieren que el déficit fue mayor. El Gobierno apuesta a relativizar esa exigencia, argumentando que el punto de partida fue más débil de lo previsto y enfocándose en los objetivos anuales.
Tras la revisión en Buenos Aires, el staff del FMI regresará a Washington para analizar la información recabada. Si el análisis es favorable, Argentina recibiría un nuevo giro de fondos. Sin embargo, los vencimientos de julio por más de US$4000 millones presionan el frente externo y podrían influir en las decisiones del organismo, que todavía no ha comunicado oficialmente su posición sobre la marcha del programa.
