El senador sostuvo que la propiedad privada ya está garantizada por la Constitución Nacional y aseguró que el verdadero problema es que millones de argentinos no pueden acceder a una vivienda o a un terreno.
Jorge Capitanich cuestionó este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional durante el debate en el Senado. En su exposición, afirmó que la propiedad privada ya cuenta con protección constitucional y planteó que la discusión debería enfocarse en garantizar el acceso a la tierra y la vivienda.
Como miembro informante del bloque del Partido Justicialista, el legislador sostuvo que el proyecto parte de un diagnóstico equivocado sobre la realidad del país.
«La propiedad privada ya es inviolable en la Argentina porque así lo establece la Constitución Nacional. El problema no es ese; el problema es que millones de argentinos no pueden acceder a la propiedad», expresó durante su intervención.
Críticas a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego
Capitanich también rechazó las modificaciones que el proyecto propone para la Ley de Manejo del Fuego. Según explicó, la normativa vigente impide cambiar el destino de las tierras afectadas por incendios y restringe su venta inmediata, una medida que busca desalentar las quemas intencionales.
En ese sentido, advirtió que eliminar esas restricciones podría favorecer intereses especulativos y debilitar la protección ambiental.
Además, señaló que la iniciativa afecta otras normas vinculadas con la preservación del ambiente y los recursos naturales, entre ellas la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El acceso a la propiedad, en el centro del debate
Durante su discurso, el senador insistió en que el acceso a la propiedad debe ser una prioridad de las políticas públicas y recordó que ese derecho está reconocido tanto por la Constitución como por la doctrina social de la Iglesia y la Constitución de 1949.
En esa línea, propuso avanzar con una emergencia para la regularización dominial que permita otorgar seguridad jurídica a miles de familias que viven en barrios populares y asentamientos.
Según indicó, la medida alcanzaría a unos 6.500 barrios populares y cerca de 16.000 asentamientos en todo el país.
Regulación de la inversión extranjera
Otro de los ejes de su intervención estuvo relacionado con la inversión extranjera en tierras rurales. Capitanich aclaró que no se opone a la llegada de capitales, pero consideró necesario que el Estado establezca reglas para proteger recursos estratégicos como el agua, la energía y los minerales.
También señaló que países como Brasil y Estados Unidos cuentan con regulaciones para limitar la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros.
Cuestionamientos al régimen de desalojos
El legislador también expresó su preocupación por los cambios previstos en el régimen de desalojos, al considerar que podrían afectar a comunidades originarias y sectores vulnerables.
Por ese motivo, el dictamen de minoría propone diferenciar los desalojos vinculados a contratos de aquellos que responden a otras situaciones y contempla plazos de hasta 180 días, según las características de cada caso.
Al finalizar su exposición, Capitanich reiteró que el país necesita promover la inversión y el desarrollo económico, pero con un Estado que garantice la defensa de la soberanía y el cuidado de los recursos estratégicos.
«Creemos en el capital, pero también en el Estado para generar incentivos a la producción», concluyó.
