La Cámara Federal de Casación Penal revocó las sentencias dictadas por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, al considerar insuficientes las pruebas para sostener el direccionamiento de contratos durante la gestión de la exintendenta.
En un fallo que marca un giro rotundo en la causa conocida como «Lavado II», la Cámara Federal de Casación Penal decidió absolver a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y a otros seis imputados. La resolución deja sin efecto las condenas impuestas en 2024 por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia.
La sentencia del TOF había condenado a Ayala a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua por fraude a la administración pública, al considerar que direccionó contrataciones municipales a empresas allegadas.
Sin embargo, el tribunal de Casación, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, determinó en su extenso fallo de más de 400 páginas que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.
Uno de los argumentos centrales del fallo es contundente: “La sola adjudicación dentro de un proceso administrativo legítimo no puede, por sí misma, configurar un delito”.
Con esta decisión, la causa que se había iniciado en 2018, a raíz de denuncias sobre el presunto direccionamiento de contratos de recolección de residuos a la empresa PIMP SA, queda cerrada a favor de todos los acusados.
