El fiscal dejará su cargo el próximo 1 de julio. Aseguró que tomó la decisión por “dignidad, honorabilidad e integridad” y cuestionó las denuncias que derivaron en su apartamiento preventivo.
Luego de que el Consejo de la Magistratura resolviera por unanimidad su suspensión provisoria en el marco de un proceso administrativo por presunto mal desempeño, el fiscal César Collado anunció que renunciará a su cargo a partir del próximo 1 de julio.
La medida adoptada por el organismo también alcanzó al juez Rodolfo Lineras, mientras continúan las investigaciones y actuaciones correspondientes para determinar eventuales responsabilidades.
En declaraciones públicas, Collado confirmó que decidió apartarse definitivamente de la función judicial por razones personales y familiares, aunque vinculó su decisión con la situación institucional que atraviesa.
“Tomé la decisión de renunciar el primero de julio. Sigo siendo fiscal, fiscal provisorio suspendido, con goce de haberes, pero el primero de julio, por una cuestión de dignidad, de honorabilidad y de integridad, voy a renunciar al cargo”, expresó.
Asimismo, adelantó que a partir del 2 de julio retomará actividades en el ámbito privado. “Voy a volver a la actividad que nunca tendría que haber dejado, realmente”, señaló.
Balance de su gestión
Durante su mensaje, el fiscal realizó un balance positivo de su desempeño al frente de la fiscalía y destacó el trabajo realizado en causas complejas.
“Me voy contento porque la fiscalía quedó a cargo, trabajamos en función de la víctima y del interés público. Las causas complejas las tenemos todas resueltas, gracias a Dios”, afirmó.
Collado también destacó el respaldo recibido por parte de autoridades judiciales y mencionó una comunicación mantenida con el procurador general.
“Tuve un desempeño brillante, conforme también el apoyo de quien hoy a la mañana me llamó, el procurador general, doctor Canteros”, sostuvo.
Críticas a las denuncias en su contra
Por otra parte, el fiscal cuestionó las denuncias que derivaron en el proceso que culminó con su suspensión preventiva y aseguró que muchas de ellas fueron desestimadas por la Justicia.
“En la función pública te tratan de sopapear, te denuncian con denuncias falsas. Recibí siete denuncias en dos meses, las cuales están todas archivadas”, manifestó.
Según explicó, varias de esas presentaciones fueron acompañadas por pedidos de investigación jurisdiccional que también fueron rechazados por los órganos judiciales competentes.
Collado apuntó además contra dos profesionales a quienes atribuyó las denuncias que impulsaron el proceso ante el Consejo de la Magistratura.
“Son justamente los que también me denunciaron ante el Consejo de la Magistratura y por lo cual fui separado preventivamente del cargo”, indicó.
Cuestionamientos a la resolución
El fiscal también planteó objeciones respecto de los fundamentos de la decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura, aunque aclaró que respeta el rol institucional del organismo.
“Respeto al Consejo de la Magistratura porque es el órgano extrapoder que decide respecto a la disciplina de funcionarios y magistrados judiciales”, señaló.
No obstante, consideró que existe una contradicción en la resolución. Según explicó, mientras el Consejo fundamentó su apartamiento preventivo en una supuesta actividad persecutoria, otras actuaciones judiciales vinculadas a los mismos hechos concluyeron sin encontrar conductas delictivas.
En ese sentido, mencionó una investigación que estuvo a cargo del fiscal Sotelo, quien dispuso el archivo de las actuaciones al no advertir la existencia de delitos tipificados en el Código Penal.
“Después de un análisis exhaustivo de los elementos de prueba, decidió archivar por inexistencia de delitos o conductas típicas penales y solicitó la desestimación”, afirmó.
Investigación en marcha
La suspensión preventiva de Collado y del juez Rodolfo Lineras fue resuelta por unanimidad por el Consejo de la Magistratura mientras se sustancia el proceso administrativo por presunto mal desempeño.
Con la renuncia ya anunciada para el próximo 1 de julio, el fiscal dejará formalmente su cargo antes de que concluya la investigación, aunque el expediente continuará su curso dentro de los ámbitos institucionales correspondientes.
