El Gobierno del Chaco avanzará en la incorporación de 40 nuevas tobilleras electrónicas destinadas al monitoreo de personas bajo arresto domiciliario y otras modalidades de ejecución penal bajo supervisión electrónica, en el marco de un acuerdo firmado entre Nación y Provincia.
La rúbrica se concretó durante una agenda de trabajo articulado entre ambas jurisdicciones y estuvo encabezada por el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, junto a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. También participó el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi.
El convenio quedó formalizado mediante el Acta Complementaria Nº 2 al Convenio Marco de Colaboración y Cooperación para la implementación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica.
Los nuevos dispositivos estarán destinados a personas a disposición de la Justicia provincial sometidas a medidas de detención o cumplimiento penal bajo esta modalidad. Según indicaron desde el Gobierno provincial, la incorporación de estas herramientas permitirá ampliar la capacidad operativa del sistema de supervisión remota, optimizar los mecanismos de seguimiento judicial y fortalecer una gestión más eficiente y moderna del control penitenciario.
Además, el acuerdo incorpora nuevas pautas de coordinación y reciprocidad entre Nación y Provincia, incluyendo estándares operativos actualizados, mecanismos de intercambio de información y colaboración territorial para intervenciones técnicas y operativas.
La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Nación, a través de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE), orientadas a acompañar técnicamente a las provincias en la implementación de mecanismos complementarios a la pena privativa de la libertad.
Desde el Ejecutivo chaqueño destacaron que estas acciones responden a una política de fortalecimiento institucional basada en la incorporación de tecnología, la modernización de los sistemas de control y una mayor coordinación federal en materia de seguridad y cumplimiento de medidas judiciales.
Con esta incorporación, la provincia busca continuar avanzando en la mejora de sus capacidades operativas y en la consolidación de herramientas tecnológicas aplicadas a la supervisión y monitoreo penitenciario.
