La Justicia argentina ordenó que Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros ocho condenados, devuelvan al Estado una suma cercana a los $85.000 millones como reparación por el perjuicio económico causado por delitos vinculados al direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
La expresidenta fue condenada por el Tribunal Oral Federal N°2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia también alcanza a Lázaro Báez —empresario y exsocio comercial de Kirchner—, así como a Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El tribunal fijó la cifra en base a 51 contratos adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Báez, durante los gobiernos kirchneristas, los cuales habrían sido otorgados de manera irregular, provocando un daño millonario a las arcas públicas.
Además, se estableció un plazo de cinco días hábiles para que Cristina Kirchner se presente en los tribunales de Comodoro Py a fin de avanzar con el cumplimiento de la condena. Hasta el momento, no se ha confirmado cuándo se hará efectiva su comparecencia, aunque se supo que la exmandataria mantiene reuniones con dirigentes del Partido Justicialista para analizar el contexto político y judicial.
De no cumplirse los plazos establecidos, los condenados podrían enfrentar embargos sobre sus bienes. La resolución podría marcar un nuevo capítulo en la lucha judicial contra la corrupción en la Argentina y en la rendición de cuentas por el manejo de fondos públicos durante las gestiones anteriores.
