En medio de versiones que generaron controversia, la Oficina del Presidente Javier Milei emitió hoy un comunicado oficial (N.º 101) en el que niega rotundamente que el nuevo Plan de Inteligencia Nacional contemple actividades de espionaje interno dirigidas a opositores, periodistas o críticos del Gobierno.
El comunicado, difundido este 25 de mayo, desmiente las afirmaciones publicadas por el diario LA NACION, que aseguró haber accedido a una copia del Plan de Inteligencia aprobado recientemente por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según ese medio, el documento abre la posibilidad de que se realicen tareas de seguimiento sobre periodistas, economistas, académicos y otras voces críticas hacia el presidente Milei.
Desde la Casa Rosada salieron al cruce de estas versiones al asegurar que se trata de «una operación mediática basada en especulaciones sin fundamento». El texto oficial sostiene que el actual es “el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, y remarca que el sistema de inteligencia fue “reconstruido” tras años de “uso abusivo con fines partidarios”.
El Gobierno también recordó que el Plan de Inteligencia Nacional es un documento clasificado, al que solo tienen acceso el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral de Fiscalización del Congreso, y que su objetivo es “promover los intereses estratégicos de la Argentina”.
Por su parte, LA NACION se respaldó en fuentes independientes que habrían verificado la autenticidad del documento filtrado. Según esa versión, además de incluir prioridades históricas como la prevención del terrorismo, el crimen organizado o la defensa del Atlántico Sur, el nuevo plan también “entreabriría la puerta” a tareas de vigilancia interna, lo que despertó preocupación en sectores de la oposición y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
La polémica promete escalar en los próximos días, mientras crecen los pedidos de mayor transparencia sobre el contenido del plan y su posible impacto en los derechos civiles.
