El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de una trabajadora del Hospital “Dr. Félix Anselmo Pértile” de General José de San Martín luego de comprobarse que recetaba medicación psiquiátrica a pacientes sin contar con matrícula profesional habilitante.
La medida fue oficializada a través de un decreto del Poder Ejecutivo provincial y alcanza a C.A.R., licenciada en Trabajo Social, quien se desempeñaba en el Servicio de Salud Mental del hospital.
Cómo se descubrió la situación
La investigación comenzó a partir de un informe del entonces director del hospital, quien alertó a las autoridades sanitarias sobre posibles irregularidades en el funcionamiento del área de Salud Mental.
Según consta en el expediente administrativo, la trabajadora habría realizado tareas que no correspondían a su profesión, como atender clínicamente a pacientes, sugerir internaciones y manejar medicación psiquiátrica. Estas funciones, según las normas vigentes, solo pueden ser realizadas por profesionales habilitados.
Las sospechas también surgieron por reclamos de personal del hospital y observaciones realizadas durante una visita del Órgano de Revisión de Salud Mental, que detectó fallas en la atención y recomendó tomar medidas urgentes para garantizar un servicio adecuado.
Recetas rechazadas y denuncias internas
Durante la investigación también se incorporaron informes del Programa Federal Incluir Salud, que advirtió sobre rechazos reiterados de recetas médicas vinculadas a pacientes de salud mental.
De acuerdo con esos reportes, las prescripciones presentaban errores en los datos de pacientes, dosis y firmas, lo que generó observaciones por parte de auditorías médicas.
Además, la responsable de Farmacia del hospital denunció que la trabajadora solicitaba psicofármacos sin presentar recetas válidas o sin la firma de un profesional autorizado.
A esto se sumó un dato clave: el Colegio de Psicólogas y Psicólogos del Chaco confirmó que la agente no estaba matriculada como psicóloga. Sin embargo, algunos pacientes afirmaron haber sido atendidos por ella bajo el título de “Licenciada en Psicoanálisis”, una denominación que la institución aclaró no existe dentro del marco legal de la profesión.
Sumario administrativo y causa penal
Ante estas irregularidades, la Subsecretaría de Red de Servicios de Salud ordenó la apertura de un sumario administrativo, que fue tramitado por la Dirección de Sumarios.
Durante el proceso, la trabajadora fue citada a declarar en calidad de imputada, pero no se presentó ni ofreció pruebas en su defensa, pese a haber sido notificada formalmente.
En paralelo, se abrió una causa penal en la Fiscalía de Investigaciones Nº 2 de General San Martín, que busca determinar si los hechos investigados constituyen un delito.
La decisión del Gobierno
Tras analizar las pruebas reunidas, la Asesoría General de Gobierno recomendó aplicar la sanción de cesantía, al considerar probado que la agente realizó funciones que no correspondían a su título profesional, entre ellas la prescripción de medicación psiquiátrica.
El decreto firmado por el gobernador sostiene que la trabajadora incumplió normas de ética y transparencia en la función pública, además de disposiciones del Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial.
Con la notificación del decreto, la mujer quedará separada definitivamente de la administración pública.
Mientras tanto, la investigación penal sigue en curso y será la Justicia la que determine si las conductas detectadas constituyen delitos vinculados al ejercicio indebido de funciones dentro del sistema de salud.
