La Comisión del Congreso que investiga el caso Libra ha finalizado su investigación y presentará un informe detallado el 18 de noviembre. Esta investigación, que ha durado casi tres meses, ha generado un intenso debate político, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, y ha puesto en el centro de la escena la gestión del presidente Javier Milei.
Según el diputado Juan Marino, la investigación ha encontrado indicios que sugieren que Milei podría haber incurrido en un «mal desempeño» de sus funciones al promover la criptomoneda Libra. El informe incorporará un análisis técnico del experto en blockchain, Fernando Molina, que revela que más de 140,000 billeteras virtuales han operado con Libra, y que 36 de ellas lograron ganancias superiores a un millón de dólares.
La diputada Mónica Frade, quien ha liderado la investigación, ha propuesto presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Esto responde a una decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones que rechazó el pedido de auxilio de la fuerza pública para convocar a ciertos funcionarios a declarar. Además, se contemplan denuncias penales contra varios actores clave, incluyendo al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, por supuestas irregularidades en su desempeño.
El diputado Maximiliano Ferraro subrayó que, a pesar de los obstáculos iniciales planteados por el oficialismo, la Comisión logró realizar 11 reuniones de trabajo. Durante estas sesiones, se recopilaron documentos de diversas plataformas de intercambio y organismos públicos, consolidando un expediente de 10 cuerpos que será enviado al juez Martínez de Giorgi.
Desde el oficialismo, la diputada Alida Ferreyra ha cuestionado la validez del proceso, argumentando que la Comisión ha vulnerado garantías individuales y entorpecido la investigación judicial. En respuesta, la diputada Sabrina Selva defendió la labor de la Comisión, afirmando que han colaborado con la justicia y que la investigación ha sido transparente.
Un aspecto crucial de la investigación ha sido la identificación de transferencias de criptomonedas que coinciden con un presunto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen del presidente. Según informes, se estipuló un pago inicial de 300,000 dólares y pagos mensuales de 250,000 dólares a cambio de representación en temas de blockchain. La plataforma Binance ha confirmado la existencia de una billetera asociada a estas transacciones, lo que ha llevado a la Comisión a solicitar información adicional para rastrear el flujo de fondos.
Este caso ha suscitado un considerable interés público, especialmente dado el contexto de creciente popularidad de las criptomonedas y el uso de estas tecnologías en el ámbito financiero. La presentación del informe final promete arrojar más luz sobre las implicaciones legales y políticas del caso Libra, y podría tener repercusiones significativas en la administración de Milei.
