La Cámara de Diputados convirtió en ley el acuerdo impulsado por el Gobierno nacional para cerrar litigios con dos grupos de acreedores que quedaron fuera de los canjes de deuda posteriores a la crisis de 2001.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto que autoriza al Estado argentino a concretar el pago de USD 171 millones a dos grupos de acreedores holdouts que mantenían litigios vinculados a títulos de deuda en default desde la crisis económica de 2001. De esta manera, la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei quedó convertida en ley tras haber obtenido previamente la aprobación del Senado.
La norma ratifica los acuerdos de conciliación alcanzados entre la Argentina y los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, en el marco de causas judiciales que se tramitan en tribunales de Estados Unidos. El objetivo oficial es cerrar uno de los últimos frentes judiciales abiertos derivados del histórico default declarado por el país a fines de 2001.
Cómo se distribuirá el pago
Según los términos del acuerdo, aproximadamente USD 67 millones serán destinados a Bainbridge Ltd., mientras que otros USD 104 millones corresponderán al grupo liderado por Attestor Value Master Fund. El monto total representa una reducción respecto de las pretensiones originales de los acreedores y surge de negociaciones realizadas por el Estado argentino para evitar nuevos costos judiciales y posibles medidas cautelares sobre activos nacionales.
Desde el Gobierno sostienen que la aprobación legislativa era un requisito indispensable para cumplir con el entendimiento homologado en la Justicia estadounidense y evitar que se reactivaran litigios bajo condiciones más gravosas para el país.
Debate y posiciones encontradas
El proyecto generó un intenso debate parlamentario. El oficialismo y los bloques aliados defendieron la iniciativa argumentando que permitirá cerrar definitivamente reclamos judiciales heredados del default de 2001 y contribuirá a mejorar la posición financiera y jurídica de la Argentina frente a los mercados internacionales.
En contrapartida, sectores de la oposición cuestionaron la rapidez del tratamiento legislativo y reclamaron mayores precisiones sobre la composición de los pagos y las condiciones del acuerdo. También advirtieron sobre el impacto fiscal de la medida y reclamaron más información sobre las negociaciones realizadas por el Poder Ejecutivo.
El último capítulo de una larga disputa
Los acreedores involucrados forman parte del grupo de holdouts que rechazaron los canjes de deuda impulsados por Argentina en los años posteriores al default de 2001 y optaron por continuar las demandas judiciales para reclamar el cobro total de los títulos. Aunque la mayoría de los bonistas aceptó las reestructuraciones realizadas entre 2005 y 2010, algunos fondos mantuvieron sus litigios durante más de dos décadas.
Con la sanción de esta ley, el Gobierno busca poner fin a uno de los últimos conflictos derivados de aquella crisis financiera y avanzar en la normalización de la situación judicial vinculada a la deuda soberana argentina. La medida se inscribe además en una estrategia más amplia orientada a mejorar la relación del país con los mercados internacionales y reducir riesgos legales sobre activos estatales en el exterior.
