En una jornada de alto voltaje político e institucional, el Congreso de la Nación volvió a dar una muestra de autonomía al rechazar por amplia mayoría el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión, adoptada por 63 votos afirmativos en el Senado, implica la ratificación definitiva de la norma, que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional.
El resultado no solo representa una victoria legislativa del colectivo de personas con discapacidad y sus organizaciones, sino que marca un hecho institucional infrecuente: hace 22 años que ambas cámaras del Congreso no revertían un veto presidencial, un gesto de peso simbólico y jurídico, en un contexto donde el oficialismo transita sin mayorías propias y con un creciente desgaste político.
Una ley con respaldo transversal
La Ley de Emergencia en Discapacidad, votada en cuatro ocasiones con mayorías superiores a los dos tercios en ambas cámaras, nació de la urgencia expresada por miles de familias, prestadores y organizaciones, ante la caída de pensiones, la desactualización de aranceles y el desfinanciamiento del sistema de atención a personas con discapacidad, en el marco del severo ajuste fiscal que impulsa la Casa Rosada.
El Gobierno había vetado la norma con el argumento de que implicaba un “riesgo para el equilibrio fiscal”, esgrimiendo la lógica del «ahorro» como principal fundamento. Sin embargo, ese razonamiento fue duramente criticado desde todos los bloques opositores e incluso desde sectores dialoguistas y ex aliados del oficialismo.
“El famoso ahorro es una gran mentira”, lanzó el senador Daniel Bensusan (UP-La Pampa), sintetizando el tono general del debate. “Ese gasto es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda acceder a una terapia o quede condenada al olvido”, agregó.
El escándalo Spagnuolo, telón de fondo del revés
El debate se dio además bajo la sombra del escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo ex titular Diego Spagnuolo fue removido recientemente. La causa judicial, que investiga sobreprecios y presuntas coimas en contrataciones, involucra a altos funcionarios, entre ellos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
“Parece que el peaje lo tenía que poner en otro lado”, ironizó la senadora entrerriana Stefanía Cora (UP), aludiendo a una de las declaraciones filtradas de Spagnuolo sobre los beneficios para personas con discapacidad.
Guadalupe Tagliaferri (PRO) fue aún más tajante: “Este ajuste no fue para eficientizar el gasto, fue para que la coima quedara adentro. Si todo esto se confirma, es criminal”.
La resistencia libertaria, en soledad
La votación dejó aislado al bloque de La Libertad Avanza, que solo cosechó 6 votos negativos (Abdala, Atauche, Arrascaeta, Olivera Lucero, Pagotto y Paoltroni), más el de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO). La oficialista Vilma Bedia, en una decisión que generó malestar interno, se ausentó de la votación.
Abdala, presidente provisional del Senado, presidió la sesión por la ausencia de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por el nuevo viaje de Milei a Estados Unidos. Desde su banca, Álvarez Rivero defendió el veto presidencial y apuntó: “No necesitamos otra ley, ni declarar emergencias… necesitamos gestión”.
El contenido de la ley
La norma ratificada establece la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, y contempla medidas clave como:
- Financiamiento sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Compensación y actualización arancelaria para los prestadores del sistema.
- Regularización fiscal de prestadores con facilidades y condonaciones.
- Actualización de la asignación estímulo conforme al salario mínimo.
- Reingreso al Régimen de Empleo Protegido (Ley 26.816).
- Participación institucional de personas con discapacidad en políticas públicas.
- Posibilidad de que el Ejecutivo otorgue una pensión inembargable a mayores de 70 años o con discapacidad sin cobertura previsional.
- Prohibición de que el financiamiento provenga de reducciones en partidas de servicios sociales.
La ley blinda el financiamiento de políticas para el colectivo con discapacidad, dando además un fuerte mensaje en términos de derechos humanos: la discapacidad no se ajusta ni se veta, como lo señalaron varios senadores.
Un mensaje al Ejecutivo
El rechazo al veto presidencial no solo repone una ley clave, sino que deja en claro los límites del Ejecutivo frente a una mayoría legislativa plural que, ante ciertos temas, muestra voluntad de frenar el ajuste. “Esto no es eficiencia, es crueldad”, sintetizó el catamarqueño Guillermo Andrada (UP), mientras que desde la UCR, Pablo Blanco apuntó: “El ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita”.
El senador radical Eduardo Vischi, jefe de bloque, fue claro en su cierre: “Hoy este Senado está diciendo con firmeza que hay prioridades que no pueden dejarse de lado”.
Epílogo: derrota política y revés moral
Para el presidente Milei, este no es simplemente un traspié legislativo: es una derrota política en un Congreso al que ha descalificado sistemáticamente y una derrota moral en un tema donde el consenso social es prácticamente unánime.
José Mayans (UP) lo expresó sin rodeos: “El veto fue insensible y despreciativo. Los discapacitados de este país le están poniendo un freno al presidente”.
La ley, ahora convertida en un mandato del Congreso, espera su promulgación obligatoria. Será, sin dudas, un hito legislativo y político que marcará un antes y un después en el vínculo entre el Gobierno y el Parlamento. Un mensaje institucional contundente: hay límites que ni la motosierra puede cruzar.
