El fiscal federal Patricio Sabadini presentó un extenso requerimiento de elevación a juicio en la causa que involucra a Ramón “Tito” López, dirigente del Movimiento 17 de Julio, y a varios miembros de su familia. La solicitud, que ahora deberá ser evaluada por el juez de la causa, incluye a la esposa de López, Librada Beatriz Romero, y a sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López, todos detenidos desde 2024.
La causa contra López, considerado uno de los principales referentes piqueteros del Chaco, tomó relevancia el año pasado al quedar bajo investigación por lavado de activos, asociación ilícita y fraude contra la administración pública. Según la Fiscalía, en poco más de dos décadas el dirigente pasó de vivir de tareas informales como “carrero” en Resistencia a acumular un patrimonio superior a los 1.600 millones de pesos, que incluye múltiples propiedades, vehículos, maquinaria rural y ganado.
El documento, de 90 carillas, expone los elementos que, según Sabadini, justifican llevar el caso a juicio. En él se argumenta que los acusados conformaron una estructura organizada para canalizar y blanquear fondos públicos, presuntamente transferidos a través de fundaciones y cooperativas vinculadas al movimiento social liderado por López.
En caso de ser hallados culpables, las penas previstas para los delitos imputados oscilan entre los 4 años y medio y los 15 años de prisión.
Posibles implicancias políticas
La causa podría tener derivaciones más amplias, ya que se investiga si funcionarios del gobierno de Jorge Capitanich —quien transfirió millonarios fondos a estas organizaciones sociales— actuaron dentro del marco legal o si hubo complicidad en las maniobras.
Desde su detención, Tito López ha negado todas las acusaciones y sostiene que la causa responde a una persecución política, incluso afirmando que su encarcelamiento tuvo como objetivo dañar la imagen del entonces gobernador Capitanich.
La causa se suma a otros casos de alto perfil que vinculan a movimientos sociales con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Uno de los antecedentes es el de Emerenciano Sena, otro influyente dirigente piquetero del Chaco, detenido en 2023 por su presunta vinculación con el crimen de Cecilia Strzyzowski, esposa de su hijo César.
La resolución del juez sobre el pedido de Sabadini marcará el próximo paso en uno de los procesos judiciales más resonantes del Chaco en los últimos años.
