El oficialismo buscará este miércoles avanzar con una de las reformas más sensibles en materia ambiental: el bloque de La Libertad Avanza intentará que la Cámara de Diputados otorgue la sanción definitiva a la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que ya cuenta con media sanción del Senado.
La sesión, que se anticipa extensa y con fuerte debate, se desarrollará en el Congreso de la Nación y podría marcar un punto de inflexión en la política ambiental argentina. El proyecto apunta a reformar la normativa vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua dulce.
¿Qué se vota y por qué es importante?
La iniciativa busca modificar los criterios de protección establecidos por la ley actual, con el argumento de “actualizar” el marco regulatorio y permitir un mayor desarrollo productivo en regiones cordilleranas. Según el oficialismo, la normativa vigente impone restricciones excesivas que dificultan inversiones, especialmente en sectores como la minería y la energía.
En concreto, el proyecto propone que la protección estricta quede limitada a aquellos glaciares y cuerpos de hielo que tengan un aporte hídrico “relevante y comprobable” dentro de una cuenca. Este cambio implicaría una redefinición del alcance de la ley, ya que dejaría fuera de resguardo a ciertas formaciones que hoy están protegidas.
Además, la reforma otorga mayor protagonismo a las provincias en la identificación y delimitación de las áreas protegidas dentro del Inventario Nacional de Glaciares. Este punto es clave, ya que modifica el esquema actual, en el que la autoridad nacional tiene un rol central en la aplicación de la ley.
¿Cómo llega el proyecto a esta instancia?
La modificación de la ley ya fue aprobada en el Senado semanas atrás, en una votación ajustada que evidenció divisiones políticas y el peso del tema en la agenda pública. Desde entonces, el debate se trasladó a la Cámara de Diputados, donde se realizaron audiencias públicas con la participación de especialistas, científicos, representantes de organizaciones ambientales y actores del sector productivo.
Estas instancias reflejaron la complejidad del tema: mientras algunos sectores plantearon la necesidad de flexibilizar la normativa para fomentar inversiones y empleo, otros advirtieron sobre los riesgos de reducir la protección de ecosistemas clave.
Apoyos y cuestionamientos
Desde el Gobierno nacional sostienen que la reforma permitirá “equilibrar” el cuidado ambiental con el crecimiento económico, en un contexto donde la explotación de recursos naturales es vista como una oportunidad para atraer divisas. En esa línea, remarcan que el proyecto no elimina la protección de los glaciares, sino que la hace “más precisa”.
Sin embargo, la iniciativa genera fuertes críticas. Organizaciones ambientalistas, investigadores y parte de la oposición advierten que los cambios podrían debilitar los controles y habilitar actividades extractivas en zonas sensibles, con posibles consecuencias sobre las reservas de agua dulce.
También señalan que el ambiente periglaciar —clave para la regulación hídrica— podría quedar más expuesto si se reducen los criterios de protección actuales.
¿Qué puede pasar ahora?
Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto sin modificaciones, la reforma quedará convertida en ley y entrará en vigencia en los próximos meses. En caso contrario, deberá volver al Senado para una nueva revisión.
La votación de este miércoles no solo definirá el futuro de la Ley de Glaciares, sino que también pondrá en evidencia las tensiones entre desarrollo económico y preservación ambiental en la Argentina actual.
En un escenario global donde el acceso al agua se vuelve cada vez más estratégico, el debate excede lo legislativo y se instala como una discusión de fondo sobre el modelo productivo y el uso de los recursos naturales del país.
