El Gobierno nacional celebró la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares y aseguró que los cambios permitirán avanzar en el desarrollo productivo sin descuidar la protección ambiental, en medio de fuertes críticas de sectores opositores y ambientalistas.
A través de un comunicado oficial, la administración del presidente Javier Milei calificó la modificación como una “reforma histórica” y sostuvo que la nueva normativa “elimina las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”.
La iniciativa fue sancionada por la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, tras un extenso debate en el Congreso.
Más poder para las provincias
Uno de los ejes centrales de la reforma es que otorga a las provincias un rol clave en la gestión de los recursos naturales. A partir de ahora, serán las autoridades provinciales las encargadas de evaluar qué zonas glaciares y periglaciares deben ser protegidas y en cuáles se podrán desarrollar actividades productivas, como la minería.
Desde el Gobierno señalaron que este cambio busca brindar “seguridad jurídica” y respetar el dominio originario de las provincias sobre sus recursos, tal como establece la Constitución.
Además, el Ejecutivo argumentó que la legislación anterior generaba interpretaciones que impedían el desarrollo de proyectos incluso en áreas donde, según su visión, no existían formaciones que debieran ser protegidas.
Qué cambia con la reforma
La nueva normativa introduce modificaciones en los criterios de protección. Mientras que la ley original protegía de manera amplia a glaciares y ambientes periglaciares, ahora se establece que solo quedarán bajo resguardo aquellas zonas que cumplan una función hídrica relevante y comprobable.
Esto implica que ciertos territorios antes alcanzados por la prohibición de actividades extractivas podrían habilitarse para proyectos productivos, siempre que superen evaluaciones técnico-científicas.
Apoyo oficial y críticas
El Gobierno también destacó que la reforma responde a un reclamo de varias provincias vinculadas a la producción minera, como las que integran la llamada “Mesa del Litio” y la “Mesa del Cobre”.
En contraste, distintos sectores de la oposición y organizaciones ambientales cuestionaron los cambios al considerar que podrían debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce y abrir la puerta a conflictos judiciales.
La reforma de la Ley de Glaciares se convierte así en uno de los principales logros legislativos recientes del oficialismo, pero también en un nuevo foco de debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y cuidado ambiental en la Argentina.
