En medio de una fuerte demanda energética por las bajas temperaturas, el Gobierno nacional oficializó este jueves una reforma estructural en el mercado de gas licuado de petróleo (GLP), al poner fin a la regulación estatal de precios y condiciones comerciales para las garrafas. La medida, establecida mediante el Decreto 446/2025 y publicada en el Boletín Oficial, modifica aspectos clave de la Ley 26.020.
Con esta decisión, el Estado deja de intervenir en la fijación de precios y en los acuerdos entre empresas, limitando su participación a tareas de control técnico y de seguridad. A partir de ahora, toda la cadena del GLP —desde el fraccionamiento hasta la venta— operará bajo un esquema de libre competencia. Esto incluye la posibilidad de importar libremente el producto, reutilizar envases sin restricciones previas y compartir garrafas entre empresas del sector.
Cada envase deberá contar con una etiqueta que indique el lugar donde fue envasado, y los fraccionadores podrán operar con gas de distintos proveedores y marcas sin necesidad de autorización estatal.
Según el Ejecutivo, la desregulación apunta a corregir distorsiones, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar un suministro “regular y económico”, con especial atención a los sectores más vulnerables. No obstante, persisten interrogantes sobre cómo se garantizará el acceso a las garrafas en regiones alejadas o de bajos recursos, donde no llega el servicio de gas por red.
La Secretaría de Energía conservará funciones de fiscalización técnica, como inspecciones en plantas y revisión de documentación, y tendrá un plazo de 10 días para detectar y corregir posibles irregularidades.
Desde ahora, será el propio mercado quien defina precios y condiciones de distribución del GLP.
