El Gobierno nacional está acelerando un plan económico para atraer capitales extranjeros ofreciendo un camino hacia la ciudadanía argentina a quienes inviertan en el país, según informaron medios nacionales. Esta iniciativa forma parte de una estrategia para fomentar inversiones que podrían sumar hasta US$ 2.500 millones en distintas actividades productivas.
La propuesta, conocida como “Ciudadanía por inversión”, fue oficializada en julio pasado mediante el Decreto 524/2025, y permitiría que extranjeros que realicen inversiones significativas en la Argentina puedan solicitar la ciudadanía, incluso sin cumplir con el tiempo de residencia tradicional exigido.
Para implementar el programa, el Ejecutivo creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo que funciona dentro del Ministerio de Economía y será responsable de evaluar las propuestas de inversión y elaborar informes técnicos que luego serán analizados por la Dirección Nacional de Migraciones.
En los próximos días se definirá la adjudicación de una licitación internacional para contratar consultoría y asistencia técnica, que ayudará a poner en marcha el sistema. Se espera que la empresa o consorcio seleccionado colabore durante varios años en la evaluación de solicitudes.
Expertos y firmas del sector privado estiman que este tipo de esquema podría atraer inversiones por más de US$ 2.500 millones, si se generan condiciones claras y atractivas para los potenciales inversores. Estas inversiones podrían canalizarse tanto en proyectos productivos como en desarrollos inmobiliarios y otros sectores clave de la economía.
El programa se inspira en experiencias similares que ya existen en más de 80 países, incluidos Estados Unidos y Canadá, donde se combinan beneficios migratorios con aportes de capital. Los detalles sobre los criterios de inversión, como los montos mínimos y los sectores elegibles, se darán a conocer a través de una resolución oficial del Gobierno en los próximos meses.
Autoridades esperan que la iniciativa no solo atraiga recursos financieros, sino que también genere empleo y contribuya al crecimiento económico, aunque algunos analistas advierten que será clave establecer reglas claras para garantizar transparencia y seguridad jurídica.
