A pocos días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional anunció un endurecimiento de su política migratoria. Las medidas incluyen nuevas restricciones para acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI), el cobro de servicios de salud pública para residentes transitorios y temporales, y cambios en la legislación penal vinculados a extranjeros que cometan delitos en el país.
El anuncio fue realizado este miércoles por el vocero presidencial y candidato, Manuel Adorni, y se enmarca en una reforma ya anticipada por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. El proyecto busca implementar un mayor control sobre las actividades de los migrantes y limitar el acceso a ciertos servicios estatales.
Entre los puntos más destacados figura la decisión de cobrar por la atención médica a quienes no cuenten con residencia permanente, y la creación de herramientas legales para agilizar procesos de deportación en casos vinculados a delitos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anticipado la medida durante una entrevista televisiva. “Queremos que Argentina siga siendo una tierra de inmigrantes, pero no de delincuentes”, afirmó. Bullrich sostuvo que los inmigrantes que trabajan y tributan deben tener los mismos derechos que los ciudadanos argentinos, pero quienes ingresen sin aportar al sistema no podrán acceder de forma gratuita a servicios como salud o educación, salvo en casos de emergencia.
Además, fue contundente en su postura frente al delito: “El que viene a delinquir, será deportado. Vamos a impedir el ingreso al país de quienes representen una amenaza”.
La reforma generó un fuerte debate público, tanto por su contenido como por el momento elegido para anunciarla, en plena campaña electoral. Distintos sectores ya expresaron preocupación por el posible impacto sobre comunidades migrantes y el acceso a derechos básicos.
