El Gobierno nacional ultima los detalles de un operativo especial de seguridad para el eventual traslado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales de Comodoro Py, previsto para este miércoles. Según confirmaron fuentes oficiales, el dispositivo implicará la intervención de las cuatro fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria—, y contemplará un esquema de escolta desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución hasta el edificio judicial.
Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, indicaron que se evalúa establecer un perímetro vallado en las inmediaciones de Comodoro Py, similar al que se implementa en manifestaciones masivas frente al Congreso. El objetivo es evitar disturbios ante la movilización que convocaron sectores afines al kirchnerismo y diversas agrupaciones sindicales.
La expresidenta confirmó a través de sus redes sociales que se presentará voluntariamente ante el Tribunal Oral Federal N°2, que debe hacer efectiva la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. En paralelo, la Casa Rosada presentó a la Justicia un informe con una propuesta formal para su eventual lugar de detención bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, en caso de que no se le conceda la prisión domiciliaria.
Una de las opciones que analiza el tribunal es comunicarle una resolución sobre su situación procesal antes del miércoles, incluso mediante una audiencia remota por Zoom, con la participación del juez Jorge Gorini. En su pedido de prisión domiciliaria, la exmandataria argumentó que su traslado implicaría un “desgaste innecesario” para el Estado.
Aunque desde el Gobierno coinciden en que sería preferible evitar su salida del domicilio, confirmaron que el operativo se activará en caso de que deba trasladarse, con un refuerzo de seguridad también en la Ciudad de Buenos Aires ante la convocatoria de organizaciones políticas, sociales y sindicales que prevén movilizarse en apoyo a la exjefa de Estado.
Entre los sectores que ya confirmaron su adhesión a la movilización se encuentran ATE, las dos CTA, la UOM, La Bancaria y SMATA, entre otros. Algunas de estas organizaciones ya realizaron cortes en la Panamericana tras conocerse la condena.
En Balcarce 50 insisten en evitar cualquier tipo de “espectáculo mediático” y subrayan que no se filtrarán imágenes del procedimiento judicial, como la toma de huellas digitales o la foto de registro. “Le vamos a dar el trato que merece una expresidenta y vamos a respetar el proceso”, señalaron fuentes oficiales.
Sin embargo, un sector del oficialismo reconoce que un escenario de tensión en las calles podría ser utilizado políticamente: “A la gente no le gusta que rompan todo y que corten las calles. Eso nos favorece”, deslizan cerca del Presidente.
