El proyecto, que aún se encuentra en revisión, propone modificaciones en la comercialización de medicamentos, el mercado inmobiliario, la navegación de cabotaje, el agro y la digitalización de diversos trámites.
El Gobierno nacional trabaja en un nuevo proyecto de Ley de Desregulación que busca introducir cambios en distintos sectores de la economía con el objetivo de reducir regulaciones, promover la competencia y facilitar el desarrollo de actividades comerciales y productivas.
El borrador de la iniciativa, elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, abarca más de 140 páginas y contempla reformas en áreas como farmacias, corretaje inmobiliario, navegación de cabotaje, agroindustria, minería, mercado de capitales y logística, entre otras. No obstante, desde el Gobierno aclararon que el texto aún está en revisión y podría sufrir modificaciones antes de ser enviado al Congreso.
Cambios para las farmacias
Uno de los capítulos con mayor impacto es el referido al sector farmacéutico. El proyecto propone que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse no solo en farmacias, sino también en otros establecimientos habilitados y a través de canales digitales, siempre que se garantice la trazabilidad y la seguridad de los productos mediante controles sanitarios.
Además, permitiría que las farmacias utilicen plataformas digitales de terceros para ofrecer productos, gestionar pedidos y realizar envíos a domicilio de medicamentos que no requieran receta archivada.
El borrador también flexibiliza las condiciones para la propiedad de las farmacias, permitiendo que puedan constituirse bajo cualquier figura jurídica, y habilita a las droguerías a vender directamente al público si funcionan como farmacias. Asimismo, impulsa la digitalización de recetas y de los registros vinculados al control de medicamentos especiales.
Menos regulaciones para el mercado inmobiliario
En materia inmobiliaria, la iniciativa busca eliminar la obligatoriedad de la colegiación para ejercer el corretaje y suprimir los aranceles mínimos o máximos fijados para las comisiones, con el objetivo de fomentar una mayor competencia entre los profesionales del sector.
Cambios en el agro y la minería
El proyecto también incorpora medidas destinadas a facilitar el acceso al crédito para productores agropecuarios y mineros mediante la ampliación del uso de certificados de depósito y warrants.
Además, plantea derogar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales para los nuevos contratos, aunque los acuerdos vigentes continuarían bajo el régimen actual hasta su finalización.
En el caso del sector cárnico, propone que los aportes al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) dejen de ser obligatorios y pasen a ser voluntarios a partir de octubre de 2027.
Reformas para el transporte marítimo
Otro de los cambios relevantes alcanza al transporte de cabotaje. El borrador habilita que buques de bandera extranjera puedan realizar transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos, siempre que cumplan con un esquema gradual de incorporación de tripulación nacional.
También prevé beneficios para la importación de embarcaciones destinadas a incorporarse a la flota argentina y elimina algunos impuestos vinculados al combustible utilizado por el transporte naval de cabotaje.
Más digitalización y simplificación administrativa
La iniciativa promueve la digitalización de numerosos procesos administrativos y comerciales. Entre las propuestas figuran la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías totalmente digital e interoperable y la posibilidad de utilizar tecnologías como blockchain para representar determinados activos financieros.
El objetivo es simplificar trámites, reducir costos administrativos y mejorar la transparencia en distintas operaciones económicas.
Un proyecto que aún puede cambiar
Aunque el borrador ya circula entre distintos sectores, desde el Ministerio de Desregulación señalaron que el texto no es definitivo y que continúa siendo revisado. Por ese motivo, algunos de los puntos incluidos podrían modificarse antes de su envío al Congreso, donde deberá ser debatido para convertirse en ley.
