El Gobierno nacional confirmó que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los integrantes de las Fuerzas Armadas, con especial atención en aquellos efectivos que cumplen tareas armadas en zonas sensibles, como la custodia presidencial. La decisión fue ratificada por altas fuentes del Ejecutivo y apunta a revisar y fortalecer los protocolos actuales de evaluación y acompañamiento del personal militar.
Según informaron medios nacionales, la medida fue tomada luego de la muerte de un soldado que prestaba servicio de vigilancia en la Quinta de Olivos, un hecho que generó fuerte preocupación en la Casa Rosada. Desde el Gobierno aclararon que no se eliminarán los controles vigentes, sino que se profundizarán y ampliarán.
Actualmente, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios, que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el caso de la Fuerza Aérea, los controles son anuales y se suman evaluaciones especiales ante situaciones particulares, un esquema similar al que rige en las otras fuerzas, aunque con algunas diferencias.
En el Ministerio de Defensa analizan sumar instancias adicionales de seguimiento, con foco en el acompañamiento psicológico continuo y la detección temprana de situaciones de riesgo. También se evalúa reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar y actualizar los criterios de aptitud para destinos de alta exigencia, como los vinculados a tareas de seguridad permanente.
En paralelo, el Gobierno estudia un posible aumento salarial para las Fuerzas Armadas. La discusión gira en torno a completar las dos últimas cuotas del esquema de recomposición salarial aprobado durante la gestión del exministro Jorge Taiana, que aún no fue plenamente aplicado. En Nación reconocen que la cuestión salarial es un tema sensible y que impacta directamente en el bienestar del personal.
Desde la Casa Rosada aclararon que no hay definiciones ni fechas confirmadas para el incremento y que cualquier ajuste deberá contar con el aval presupuestario del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Además, se analiza una reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
En el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, señalaron que el abordaje será integral, contemplando aspectos operativos, sanitarios y económicos. “No se puede analizar la situación del personal sin mirar todas las variables”, indicaron, y remarcaron que la prioridad inmediata es reforzar el acompañamiento psicológico.
Mientras tanto, la investigación judicial por la muerte del soldado continúa en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. La causa está en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales de San Isidro, que trabaja junto a la Policía Federal Argentina. Desde el Gobierno aseguraron estar “a total disposición” de la Justicia.
La muerte de Rodrigo Gómez, integrante del Ejército, encendió las alarmas en el Ejecutivo, que sigue de cerca las condiciones en las que trabajan los soldados que cumplen tareas de vigilancia en el entorno presidencial.
